España lleva dos semanas ardiendo y la tensión institucional está por las nubes. El Ejecutivo y el PP, que gobierna en 11 comunidades, llevan todo este tiempo a garrotazo limpio por la gestión de la peor oleada de incendios que ha sacudido el país en tres décadas.

Al cierre de esta edición, el fuego ha dejado más de 400.000 hectáreas de tierra quemada –casi como toda la provincia de La Rioja–. Pero lo cierto es que el Ejecutivo, con la ley en la mano, ha optado por dejar en las autonomías el liderazgo y la resolución de la crisis.

El presidente, Pedro Sánchez, que ha interrumpido sus vacaciones dos días para visitar algunos de los focos en Orense, León y Cáceres, reitera cada vez que tiene un micrófono delante que «el Estado somos todos», también las comunidades autónomas, que «son las competentes en incendios».

Pero basta echar un vistazo a dos leyes para preguntarse si Moncloa, como ocurrió en la trágica DANA que devastó el Levante y segó la vida de más de 200 personas, pudo haber dado un paso adelante y coordinar desde el Ministerio del Interior toda la respuesta ante las llamas.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil estipula que es competencia del Ministerio del Interior «declarar la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación».

De la misma forma, esta norma marca al Gobierno qué tipo de emergencias son merecedoras de catalogarse de «interés nacional»: «Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio; aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico y las que, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional».

La ley, además, deja claro que es al titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien corresponde activar la emergencia de interés nacional «bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los Delegados del Gobierno en las mismas».

Es más, la norma explicita que debe haber «rapidez» y «eficacia» en la «respuesta pública». Por otro lado, la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio cita los incendios forestales entre las «catástrofes, calamidades o desgracias públicas» que permiten al Ejecutivo activar alguna de estas tres figuras amparadas por la Constitución y que los españoles tan bien conocen por la pandemia de la Covid-19. El resto son los terremotos, las inundaciones, los incendios urbanos y los accidentes considerados de gran magnitud.

Y, sin embargo, la hostilidad entre administraciones de distinto color político escaló ayer un nuevo peldaño con la bronca entre los populares y la directora general de Protección Civil, Victoria Barcones. Mientras, la paciencia de los españoles, muchos de ellos manguera en mano para salvar sus casas, se agota por momentos.

La responsable nacional de emergencias dijo que hay comunidades pidiendo «imposibles» y los populares le respondieron sin piedad: «Pirómana», zanjó el vicesecretario de coordinación autonómica, Elías Bendodo.

La guerra por las cifras, las culpas y los medios para extinguir el fuego es igual de tóxica que el olor a humo que se ha instalado en buena parte de España. El PP insiste en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho dejación de funciones en esta crisis y Moncloa repite hasta la saciedad que ha puesto todos los medios disponibles a disposición de las comunidades que lo han solicitado.

Pero en Génova reprochan al Gobierno que no haya creado aún un mecanismo nacional de respuesta ante calamidades de este tipo. El Ejecutivo ha preferido mantener la competencia en manos de las autonomías, que son las responsables de la extinción, reforzándolas con medios estatales (UME, BRIF y aviones del Miteco) y con la activación del mecanismo europeo de solidaridad que ha traído a España un despliegue sin precedentes, el mayor de la historia: 4 aviones, 4 helicópteros y 7 equipos de bomberos con 220 efectivos y 48 vehículos. Entre ellos, 51 bomberos rumanos trasladados a Celanova (Orense), 20 griegos que llegarán a Avilés hoy mismo, y refuerzos aéreos de Italia (dos Canadair), Países Bajos (dos Chinook), República Checa y Eslovaquia (ambos con helicópteros BlackHawk).

Alemania envió 60 bomberos y 24 vehículos a Jarilla (Cáceres), mientras que Francia movilizó 66 bomberos, 23 vehículos y dos aviones Vanadair a Galicia. También hay que sumar 26 efectivos finlandeses en Allariz (Orense) y un vehículo de extinción de Andorra integrado en los incendios de Asturias. La magnitud de la ayuda internacional da cuenta, según el Partido Popular, de cuál ha sido el principal problema: la falta de medios.

Pero en Moncloa consideraron desde el primer momento que el dispositivo combinado de las comunidades, la Administración General del Estado y la UE, a la que pidieron ayuda «tarde», recalcan fuentes del PP, era más que suficiente. Por eso, el Gobierno tampoco se planteó elevar al máximo (3) el nivel de alerta del Plan Nacional de Protección Civil pese a que, precisamente, este se decide en función de la gravedad, el riesgo y los medios necesarios para la extinción del fuego.

En plata, si el Gobierno no ha declarado la emergencia nacional ni ha subido el nivel de alerta es porque ha considerado que la respuesta por separado de las diferentes administraciones era la adecuada.