El Gobierno vasco incluye a los etarras entre los presos que pueden recibir un bono cultural

El Gobierno vasco ha incluido a los etarras dentro del colectivo de presos que pueden percibir ayudas económicas en un bono cultural. Así lo ha establecido en el decreto 23/2024 que regula estas subvenciones. Dignidad y Justicia recuerda que ninguno de estos reclusos, que están en prisión por terrorismo o han sido excarcelados, ha hecho frente aún a la responsabilidad civil que conllevan los crímenes que cometieron. Todos ellos se declararon insolventes y no abonaron, en el marco de sus respectivas causas judiciales, las cantidades estipuladas por la justicia para cumplir con su deber civil.

La administración de justicia tiene la obligación de exigir estas sumas cuando los condenados puedan hacer frente a las mismas y por ese motivo debe vigilar en este momento que los internos y excarcelados sean ahora objeto de ingresos, también cuando

éstos procedan de las propias instituciones.

La decisión de subvencionar a terroristas y a sus familias tomada por el Gobierno vasco supone una forma de financiar a miembros de ETA que no se han arrepentido ni han colaborado con la justicia, pues ninguno de ellos ha ayudado de modo alguno a resolver ni uno solo de los 379 asesinatos cometidos por la banda armada que aún hoy continúa impunes en España. Si ya no existe la organización terrorista y todos ellos quieren realmente reinsertarse en la sociedad, ninguno debería dejar de colaborar en la resolución de estos crímenes, pues las familias de todos estos asesinados continúan hoy abandonados por el estado y sin el consuelo de la justicia.

El plan de ayudas del Gobierno vasco, por otra parte, supone una nueva afrenta ymhumillación a las víctimas de esos terroristas, que no tienen por qué presenciar cómo éstos reciben ingresos sin haber hecho el más mínimo atisbo de rectificación, perdón o resarcimiento hacia una sociedad en la que supuestamente se deberían reinsertar.

Esta aberración institucional, además, no sería posible hoy sin el Gobierno de Pedro mSánchez, que cedió las competencias penitenciarias al Ejecutivo vasco. Aquella entrega infame es la que permite que hoy que miles de víctimas de ETA tengan que asistir en directo a una humillante financiación institucional de los terroristas que asesinaron a sus familias.