Gómez Bermúdez debate con proetarras sobre la «Parot»

En un auditorio lleno de proetarras, como la abogada Jone Goiricelaya o el veterano miembro de la mesa nacional de HB Tasio Erkizia, el juez Javier Gómez Bermúdez reflexionó ayer en Bilbao sobre la «doctrina Parot», compartiendo mesa con Jon Garay, representante de la asociación de defensa de los presos de ETA Herrira, el decano del colegio de abogados, Nazario de Oleaga, y la abogada Amaia Izko, defensora de la etarra Inés del Río.

El debate, organizado por el Colegio de Abogados de Vizcaya, se produjo en un momento en el que la izquierda abertzale está haciendo una intensa campaña contra la «doctrina Parot», que perjudica a los etarras más sanguinarios y condenados por mayor número de asesinatos, ya que supone que las reducciones de condenas se apliquen sobre el total de los años de condena y no sobre el tiempo máximo de cumplimiento, que son treinta años.

En un ambiente en el que se consideró que la Audiencia Nacional «se mueve por impulsos políticos», en palabras de Tasio Erkizia, el juez Gómez Bermúdez puso la «mano en el fuego» negando que eso fuera así y defendió que los magistrados actúan en aplicación de la legislación vigente. Calificada la «doctrina Parot» por los proetarrras como una «estrategia contra el pueblo vasco», el magistrado explicó que la «Parot» es «justa», porque consideró que «el autor de un robo con homicidio no debe cumplir la misma pena que quien ha cometido 27 o 35 asesinatos».

Gómez Bermúdez argumentó asimismo que, en la práctica, las consecuencias de la aplicación de la «doctrina Parot» no resultan significativas –«apenas es nada»–, ya que sólo afecta a cincuenta de los más de novecientos presos etarras que cumplen condena actualmente en las cárceles de España y de Francia.

En el debate, los proetarras argumentaron que los «derechos» de cincuenta presos era algo por lo que había que luchar, sin considerar que detrás de sus importantes condenas había múltiples asesinatos.

Preguntado antes del acto sobre la actuación de la Fiscalía en el «caso Bárcenas», Gómez Bermúdez dijo que «la Fiscalía, como una parte cualificada que es, tiene derecho a expresar su opinión». «Se resuelve y, si se discrepa, están los recursos», señaló, puntualizando que «eso es el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y no tiene nada de raro, porque todos los días tenemos cuestiones de competencia».