Grande-Marlaska asegura que no existe "lawfare" en España

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que "no existe" 'lawfare' en España y ha añadido textualmente que los jueces españoles cumplen sus deberes con estricto acatamiento al ordenamiento jurídico en parámetros de independencia e imparcialidad.

Precisamente el titular de Interior fue preguntado por ello en una sesión de control del Congreso cuando aseguró al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons que el Gobierno no acusa a los jueces en España de prevaricar.

En una entrevista en La Vanguardia el titular de Interior ha descartado que haya choques entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en España y ha señalado que este último es "la base del Estado de derecho".

Al preguntarle si cree que es un exceso o forma parte de la instrucción que el juez de la Audiencia Nacional considere que la causa de Tsunami es terrorismo, ha respondido que las resoluciones judiciales están para respetarse pero ha señalado que cuando las causas "no están definitivamente juzgadas, todavía hay que ser más cautelosos en su valoración".

Respecto al pacto migratorio europeo, ha apuntado que va a ayudar a que circunstancias transitorias complejas, como la que se vive en Canarias, "se aborden de una manera corresponsable por parte de la Unión Europea (UE)". "Es un paso adelante porque antes no había nada: tenemos un pacto migratorio en el que por primera vez se habla de solidaridad. Y con escrupuloso respecto a los derechos humanos", al tiempo que ha asegurado que ha sido una de las prioridades del Ministerio del Interior durante la presidencia española de la UE, informa Ep.

Preguntado por los 2.000 euros que tendrá que pagar un país por cada persona que no acoja, ha puntualizado que aquellos países que no puedan asumir el compromiso de reubicación de migrantes, asumirán "otra forma colaboración, que es financiando proyectos que van a favorecer la lucha contra las mafias en terceros países".

Para el Gobierno la Ley de Seguridad Ciudadana que sigue empleando tanto en las concentraciones no comunicadas como en la llegada masiva de inmigrantes en la valla de Melilla, Marlaska asegura que su reforma es un "objetivo prioritario, pero siempre conjugando un equilibrio entre la defensa de los derechos fundamentales con una garantía imprescindible para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realicen su trabajo". Cabe recordar que el Ejecutivo y sus socios trataron de acometer dicha reforma sin éxito debido a que desde ERC o Bildu se buscaba poner fin a una serie de medidas específicas que, al no salir adelante, hicieron que el resto de la modificación que estaban realizando quedara anulada.

En cuanto a la petición de escolta al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que Interior tramitaría, ha explicado que se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y que están "pendientes de recibirlo".

Al preguntarle por qué lo vuelve a pedir si en agosto de 2018 ya se pidió un informe a la Abogacía por el mismo asunto y defendió que no procedía, ha respondido que los informes "tienen que ser actualizados o ratificados en su caso, pero siempre acompañado el momento de la petición".