El Seprona de la Guardia Civil se encuentra en una "crisis estructural" que le dificulta el trabajo ante la oleada de incendios y el creciente número de delitos medioambientales. La asociación Jucil considera que es una "imprudencia temeraria" que el Ministerio del Interior no mantenga una cifra suficiente de agentes para vigilar e investigar hechos, como los que enfrenta España en estos momentos.

"Lejos de ser un problema puntual, esta carencia se ha convertido en una crisis estructural que, año tras año, empeora dramáticamente, especialmente ante la actual ola de incendios forestales que arrasa el país", denuncia esta entidad. A su juicio, el área de Marlaska, ha ignorado reiteradamente los avisos de esta asociación, lo que considera una imprudencia temeraria en contextos como los que está sufriendo España con los incendios.

Jucil señala que las plantillas del SEPRONA están desbordadas, envejecidas e insuficientes para cubrir dignamente la extensa geografía nacional y la creciente complejidad de los delitos medioambientales. "Esta situación ha llevado a consecuencias claras y alarmantes: inoperatividad, riesgo e impunidad", añaden.

El problema de esta falta de agentes es que complica las investigaciones necesarias para identificar y detener a los responsables. Impide una vigilancia eficaz y compromete la recogida de pruebas, dejando a muchos culpables sin castigo.

En este contexto, cabe recordar que según datos del Ministerio del Interior, entre 2019 y 2023 el Seprona casi ha duplicado sus actuaciones penales, pasando de 3.818 en 2019 a 6.532 en 2023. En cuanto a los incendios forestales: 455 actuaciones y 344 personas detenidas.

Las peticiones a Marlaska

Para Jucil estos datos oficiales ponen de manifiesto que, a pesar del incremento de actividad y de los logros alcanzados, el Seprona opera al límite. Sus cifras récord no pueden ocultar la carencia estructural de efectivos y recursos que tensiona la calidad de la protección ambiental.

La asociación reclama a Marlaska el incremento urgente de las plantillas del Seprona con dotaciones adecuadas y planificación a largo plazo que responda a las necesidades reales. La modernización del catálogo de puestos de trabajo, adaptándolo a las exigencias actuales en normativa medioambiental e investigación.

Asimismo, solicitan el refuerzo de medios materiales y formación específica para que los agentes puedan desempeñar su labor con eficacia, diligencia y seguridad. Desde Jucil consideran que la protección del patrimonio natural y la seguridad de la ciudadanía no pueden ser moneda de cambio ni víctimas de la inacción política.

Además, según INTERPOL, los delitos contra el medio ambiente ocupan el tercer puesto entre las actividades criminales más lucrativas, solo superados por el tráfico de drogas y la falsificación de documentos, y situándose incluso por delante de los relacionados con la trata de seres humano. Una muestra es la oleada de incendios que padece España en las últimas semanas.