La huelga de jueces y fiscales se esfuma: seis de las siete asociaciones aceptan la oferta de Justicia

Seis de las siete asociaciones judiciales y fiscales han aceptado la oferta de mejora salarial del Ministerio de Justicia, que supondrá un desembolso de 46,7 millones de euros. En la quinta reunión de la Mesa de Retribuciones, que continúa esta tarde, el departamento que dirige Pilar Llop ha conseguido desactivar la huelga indefinida convocada por cuatro de estas asociaciones, unos paros que ya solo dependen de lo que decida la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial.

Pero según ha podido confirmar LA RAZÓN, tanto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han aceptado ya la subida del 7% planteada por los ministerios de Justicia y Hacienda. Todas ellas, salvo las dos agrupaciones progresistas, habían convocado un paro indefinido a partir del lunes que ahora están dispuestas a desconvocar.

Aunque la reunión de la Mesa de Retribuciones continúa esta tarde, el acuerdo supone un aumento medio de entre 440 y 450 euros brutos mensuales de media en doce pagas. Ese aumento, sin embargo, no se hará efectivo en su totalidad hasta julio del próximo año, pues se irá incorporando a las nóminas de forma gradual a razón de un 40% con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, otro tanto el próximo 1 de julio y el 20% restante desde el 1 de julio de 2024.

200 plazas más de jueces y fiscales

Asimismo, Justicia se compromete a aumentar en 100 la oferta de plazas en las carreras judicial y fiscal este año y el próximo. Del mismo modo, en un plazo de tres meses el departamento que dirige Pilar Llop habrá de constituir grupos de trabajo permanente que se reunirán al menos una vez al mes para abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo de los miembros de la carrera judicial.

Y en mayo de 2024, se prevé una nueva reunión de la Mesa de Retribuciones, que a partir de ahora se reunirá una vez al año, como manda la ley (algo que no se había producido desde 2003).

En un comunicado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria asegura que acepta la oferta de Justicia "por responsabilidad" a pesar de que "es insuficiente, tratándose más de una imposición que de un acuerdo fruto de la negociación y del consenso". De lo que responsabiliza a "la actitud del Ministerio de Justicia que, a pesar de accedimos a un aplazamiento de la huelga del 16 al 22 de mayo, ha mantenido su propuesta inamovible".

"Riesgo" de utilización política de la huelga

La AJFV asegura que otro de los motivos que les lleva a desconvocar los paros indefinidos a partir del lunes es "el riesgo evidente de utilización política de una huelga que solo responde a un conflicto profesional, dada la coincidencia de la convocatoria con el actual proceso electoral en curso".

La APM ve "inasumible" la propuesta

La APM ya dejó claro ayer que aunque hoy acudiría a esta quinta reunión de la Mesa de Retribuciones "con voluntad negociadora" y actitud "constructiva", la oferta de Justicia resulta "insuficiente e inasumible".

Muy al contrario, tras consultar a sus asociados Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que al igual que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en ningún momento ha respaldado la convocatoria de huelga indefinida, ha aceptado ya la propuesta del ministerio que dirige Pilar Llop, un desembolso de 46,7 millones de euros que supondrá un aumento de 450 euros de media, un 7 por ciento de incremento de las retribuciones de jueces y fiscales.

Los funcionarios sí irán a la huelga

JJpD asegura en un comunicado que al margen del aumento salarial le parecía "esencial" el compromiso de incrementar en otras 100 plazas judiciales las 200 ya aprobadas en los presupuestos de 2023, con una obligación semejante para 2024, a lo que finalmente Justicia ha accedido.

También se congratula de que la Mesa de negociación "permanezca abierta, lo que permitirá continuar abordando cuestiones esenciales como la salud laboral, cargas de trabajo, planta, guardias, retribuciones variables, cómputo de trienios, grupos de población, nuevos tribunales de instancia y cuantas materias afectan a las condiciones laborales de la judicatura".

De ahí que, tras recibir el aval del 79,84% de sus asociados, JJpD aboga por "la búsqueda de un acuerdo que evite que se incrementen los perjuicios que los conflictos habidos y en marcha causan a la Administración de Justicia".

Mientras Justicia sigue adelante con sus negociaciones con las asociaciones de jueces y fiscales, los sindicatos de funcionarios siguen reclamando al ministerio una propuesta para mejorar sus retribuciones. Hoy mismo han protagonizado una protesta a las puertas del Congreso y desde el próximo lunes han anunciado una huelga indefinida para conseguir una aumento salarial de 350 a 430 euros mensuales para poner coto al "empobrecimiento generalizado de los empleados públicos", asegura en un comunicado CSIF, que ha instado por carta a la ministra de Hacienda a la convocatoria "inmediata" de la Mesa de Negociación.

Hasta el momento, la huelga de funcionarios de Justicia ha paralizado casi 25 millones de expedientes judiciales en el último mes.