Huelgas en toda Europa, excepto en Alemania

Una ola de malestar en el sector judicial recorre los países europeos donde los paros y manifestaciones se suceden entre magistrados, fiscales y jueces que reclaman mejoras salariales debido a la carga de trabajo y deterioro de su empleo. De entre los cinco principales países europeos – Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Bélgica– solo se salva el país germano porque una ley prohíbe explícitamente protestar.

LA RAZÓN analiza la situación de la Justicia en cada una de estas cinco naciones, precisamente cuando el Gobierno se reúne hoy con jueces y fiscales para intentar desbloquear el conflicto salarial y poder evitar la huelga indefinida.

ALEMANIA

En Alemania, los jueces y fiscales tienen prohibido hacer huelga. Así lo dicta una antiquísima tradición que se ancla a finales del siglo XIX y que concede a un amplio sector del funcionariado germano –en el que también están los profesores de la educación pública, bomberos o militares– de ciertos privilegios como altos sueldos, pensiones de lujo pese a no aportar nada al seguro de jubilación o de puestos vitalicios en virtud de los cuales no pagan seguro de desempleo y no pueden ser despedidos aunque, a la contra y según dicta la ley alemana, no pueden hacer huelga debido a los principios constitucionales de la función pública.

En Alemania no existe un Consejo General del Poder Judicial, sino que es el propio poder Ejecutivo quien decide sobre algunos asuntos del poder judicial, bajo la supervisión del Legislativo. No obstante, en los últimos años, la independencia judicial se ha visto algo desprestigiada debido al proceso de selección que, en ocasiones, ha sido tachado de «poco transparente». Cuando se trata de los magistrados de las cinco grandes instituciones judiciales federales (el Tribunal Superior Supremo, la Corte Federal de Asuntos de Seguridad Social, el Tribunal Contencioso-Administrativo Federal, el Tribunal Federal Fiscal y la Corte Federal de Trabajo, pero no el Tribunal Constitucional Federal), entonces actúa la Comisión de Elección Judicial. Se trata de un gremio que vota en secreto y está formado por 36 miembros: 16 ministros de justicia de los Länder y 16 expertos del Bundestag, que no son necesariamente diputados, pero tienen competencia jurídica. La mayoría simple decide, informa Rubén Gómez del Barrio.

FRANCIA

El malestar entre magistrados o fiscales también es palpable en Francia. Antes de que acabara 2022, los principales sindicatos del país, la Unión Sindical de Magistrados y el sindicato de la Magistratura, convocaron una jornada de huelga en noviembre que fue apoyada además por 17 organizaciones de abogados y personal penitenciario. En el centro de la polémica, la carga de trabajo y el «deterioro» que en palabras de los convocantes esto estaba suponiendo sobre la Justicia en Francia, con incluso un caso de suicidio de un magistrado que tuvo cierto eco mediático. El Gobierno francés se comprometió en este 2023 a la contratación de funcionarios de Justicia ya que el 70% de los magistrados cuenta con serias dificultades ante la falta de funcionariado que los apoye en las instrucciones. Según un estudio de la asociación de magistrados instructores, cada uno dedica 1,7 días al año a cada asunto, tomando de ejemplo un dosier ordinario no complejo, cuando se necesitaría tres veces más de tiempo. Macron ha prometido corregir esta situación. Ya a finales de 2022 anunció subidas salariales de hasta 1.000 euros mensuales a partir de octubre de 2023 en algunos casos. Ahora, organizaciones y sindicatos no bajan la guardia ante la espera de nuevas contrataciones ante lo que denominan «un ministerio solo preocupado por mejorar la productividad aumentando la carga de trabajo». De momento, alguna señal invita al optimismo como el aumento de un 8% en el presupuesto para Justicia que ha hecho el Gobierno galo, el tercer año de subida consecutivo, informa Carlos Herranz.

ITALIA

Casi 5.000 millones de euros invertidos (el 0,30% de su PIB), 236.000 abogados, pocos jueces y una excesiva duración de los procesos judiciales. Esa es la radiografía de la Justicia italiana, según el último informe de evaluación sobre el sistema judicial elaborado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) publicado en 2022.

Según recoge este estudio, el país transalpino destaca por contar con casi una quinta parte del total de abogados presentes en la Unión Europea. Por el contrario, el número de jueces que ejercen en Italia es de solo 12 por cada 100.000 habitantes, una proporción inferior a la media europea. Sin embargo, no son las condiciones laborales o los problemas históricos del sistema judicial la principal razón que ha llevado a los magistrados italianos a proclamar huelgas en los últimos años.

El primer paro de jueces convocado en el país transalpino fue en 1991 para denunciar el intento del entonces presidente de la República, Francesco Cossiga, de ejercer activamente la presidencia de la judicatura. Desde entonces, los magistrados italianos han «colgado» la toga varias veces para defender su independencia frente al poder Ejecutivo.

La última gran huelga protagonizada por los jueces italianos se produjo hace justo un año, cuando la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), integrada por casi el 96% de los jueces del país, convocó paros para protestar contra la reforma judicial impulsada por el entonces primer ministro Mario Draghi. El objetivo de la reforma, fuertemente reclamada desde la UE, era regular cuestiones como la entrada de los magistrados en política o la elección de los miembros del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano de autogobierno del poder judicial, fuertemente politizado. Sin embargo, frente a más del 80% de adhesión registrada en 1991, apenas un 48% de los profesionales participó en los paros en 2022, informa Soraya Melguizo.

REINO UNIDO

Los abogados penalistas de Inglaterra y Gales se sumaron en abril del año pasado a la ola de huelgas que protagoniza el sector público para pedir mejoras salariales ante una inflación disparada en el Reino Unido, la más alta del G7. Las acciones de protesta comenzaron en agosto y en octubre de 2022 fue finalmente cuando se puso fin a la huelga indefinida. En un principio, pedían un aumento del 25 % en pagos en concepto de ayuda legal, cuando representan a clientes que de otra manera no podrían permitirse pagar a un abogado. Pero finalmente aceptaron la oferta del Gobierno que incluía un aumento del 15 % en las tarifas de asistencia jurídica para «la gran mayoría de los casos» que se encontraban en ese momento en los juzgados, 3 millones de libras para la preparación de casos y 4 millones de libras para contrainterrogatorios pregrabados de víctimas y testigos vulnerables. El Ministerio de Justicia había anunciado previamente un aumento del 15 % en las tarifas de asistencia jurídica, pero solo se aplicaría a los casos nuevos a partir de finales de septiembre, por lo que no cubría el retraso en los tribunales de unos 60.000 casos. El Ejecutivo se encontraba bajo gran presión después de que los jueces del Tribunal Superior advirtieran de que la ausencia de representación legal debido a la huelga no podía ser razón suficiente para extender los límites de tiempo de custodia más allá del máximo de seis meses. En los últimos meses han sido muchos profesionales del sector público los que han salido a la calle pidiendo mejoras salariales. Entre ellos, profesores, conductores de trenes y trabajadores de correos. Los enfermeros del sistema nacional de salud pública (NHS) también se han sumado a los paros, informa Celia Maza.

BÉLGICA

La última huelga que vivió el sistema judicial belga fue la celebrada en marzo del año 2019, cuando todas las audiencias judiciales fueron suspendidas con el lema «66 días para salvar la justicia», en alusión a los días restantes antes de los comicios federales. Este paro fue seguido por abogados, jueces, fiscales, intérpretes y secretarios judiciales en protesta por la escasez de financiación, abandono de los edificios, falta de personal y los obsoletos sistemas informáticos. Unas condiciones de precariedad que, según los convocantes, llevaban a que la justicia dejase de perseguir ciertos delitos y archivase denuncias por falta de medios para seguir investigando. A esto se une que solo las familias con muy bajos recursos podían acudir a asesoramiento legal gratuito. En el país, son relativamente frecuentes las huelgas del personal de prisiones ya que, según denuncian los organismos internacionales, las cárceles belgas viven circunstancias extremas de hacinamiento y falta de personal.

Anteriormente, en el año 2016, fueron los magistrados francófonos los que protestaron por la precariedad de medios para realizar su trabajo. Esta huelga tuvo lugar durante dos jornadas, la primera en el distrito judicial de Bruselas y la segunda en el de Nivelles.

Durante estos días tan solo se atendieron aquellos casos urgentes relacionados con detenidos. Tanto los convocantes como la prensa belga se hizo eco de una protesta calificada como inédita, ya que actos de este tipo no tenían lugar en el país desde hace más de un siglo. En febrero de 1918, varios magistrados belgas de la corte de apelación de Bruselas fueron deportados debido a una queja en protesta por las injerencias del Gobierno alemán, durante la primera ocupación que vivió el país. Tras estas deportaciones, la cortes suspendieron sine die sus audiencias, informa Mirentxu Arroqui.