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Tribunal Supremo

Investigación a García Ortiz: Manos Limpias reclama al juez el procesamiento del fiscal general

La acusación popular le atribuye un delito de revelación de secretos y, de forma subsidiaria, de infidelidad en la custodia de documentos

García Ortiz comparece el martes en el Senado en plena polémica por la investigación en su contra en el Supremo EUROPAPRESS

Manos Limpias ha solicitado ya -tras la comparecencia de Alberto González Amador en el Tribunal Supremo (TS)- el procesamiento del fiscal general del Estado. En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la acusación popular se suma así a la petición efectuada ya por otra de las acusaciones, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), aunque en su caso atribuye a Álvaro García Ortiz no solo un delito de revelación de secretos, sino de forma subsidiaria el de infidelidad en la custodia de documentos.

Para Manos Limpias, tras la declaración del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no es necesario ni útil acordar más diligencias (el juez Ángel Hurtado ha accedido hoy mismo a que el exabogado de González Amador y cuatro periodistas declaren como testigos la próxima semana, como había solicitado la Abogacía del Estado) para el esclarecimiento de los hechos.

De ahí que solicite al instructor que dicte auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (paso similar al procesamiento en el sumario ordinario) o que ante el Tribunal del Jurado, si decidiese procesarlo por el segundo de los delitos (para cuyo enjuiciamiento es competente aquel, que "se constituiría en el seno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señala el letrado).

A estas alturas de la investigación, sostiene el abogado de Manos Limpias Víctor Soriano, "existen indicios racionales" de que García Ortiz, en su condición de fiscal general del Estado, obtuvo el 13 de marzo de 2024 el correo remitido a la Fiscalía por el entonces abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, el 2 de febrero del pasado año (en el que reconocía el fraude fiscal y se mostraba dispuesto a llegar a un acuerdo), "dando las instrucciones procedentes a sus inferiores jerárquicos para, una vez dispuso de él, con la vocación de construir un relato mediático favorable a sus intereses, filtrarlo a los medios de comunicación para su difusión, causando un claro perjuicio a la reputación" de González Amador "y a la causa pública".

APIF ya reclamó la misma medida

Con esta petición, Hurtado ya tiene sobre la mesa dos solicitudes de procesamiento de García Ortiz, aunque en el caso de APIF (que abre el abanico delictivo a una posible prevaricación administrativa) también la hace extensiva a la otra investigada, la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez (contra la que Manos Limpias no dirige su escrito de petición de transformación de las diligencias).

Según puso de manifiesto la asociación de fiscales tras las comparecencias de varios agentes de la UCO (que ratificaron sus conclusiones sobre el material incautado en los registros de los despachos de ambos) y de González Amador, no había necesidad de llevar a cabo más diligencias salvo las que APIF reclamó a última hora y que fueron rechazadas (la comprobación de si en la agenda del fiscal general figuraban los números de teléfono de Pilar Sánchez Acera, "número dos" de Óscar López en el PSOE de Madrid, y de varios periodistas). De hecho, la acusación considera que en estos momentos existe una "abrumadora prueba" contra García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid.

"Nadie borra su inocencia"

En ese escrito, la asociación profesional se quejaba de que "seguimos sin saber por qué" el fiscal general "sabiendo que el Tribunal Supremo había admitido la exposición razonada, procedió al borrado de su móvil" una semana después. "Nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente", señalaba.

APIF se mostró muy crítica con la actuación procesal de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, "número dos" de García Ortiz -que representa al Ministerio Público en el procedimiento-, pues según señaló no ha aportado "ningún indicio que señale hacia otro posible autor del delito, lo cual sería deseable dado que los datos estaban solo a su disposición". De esta forma, denunció, ha dejado "en mala posición la dignidad del Ministerio Fiscal" al no haber tenido "ningún impulso de averiguar la verdad sino, tan solo, de proteger a sus cargos investigados".