Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales reclaman al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una gran convocatoria de plazas en la oposición de acceso a la carrera judicial y fiscal para que las reformas legales ya aprobadas, como en el caso de los tribunales de instancia, y las que ya están en marcha, como la que introducirá cambios en el sistema de acceso a ambas carreras y dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas, puedan aplicarse sin incrementar la sobrecarga que ya padecen muchos tribunales y fiscalías, para garantizar así un servicio "ágil y de calidad".

En un comunicado conjunto, apuestan por no se espere a la conclusión del trámite parlamentario para aprobar esas reformas "para realizar una amplísima convocatoria de plazas judiciales de los turnos libre y cuarto", un esfuerzo que piden que "se mantenga en años sucesivos para poder alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y Fiscalía española, que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad".

El resto de asociaciones judiciales y fiscales se han mostrado muy críticas con las reformas, alertando del riesgo de "control ideológico" por parte del Gobierno. Sin embargo, JJpD y UPF se desmarcan de esas objeciones. En ese comunicado, avalan que se refuerce el sistema de becas para preparar oposiciones a judicatura y fiscalía (algo que el resto de asociaciones también ha apoyado), porque "permite que la falta de recursos económicos no se convierta en un obstáculo, lo que al establecerse con rango legal evitará que, como sucedió en el pasado, sean convocadas o no según decida cada gobierno". Las dos asociaciones consideran también un acierto

haber suprimido la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial, pues "su alumnado no podía enjuiciar con plena independencia judicial si su labor jurisdiccional es objeto de valoración por la Escuela".

Retirada del traslado forzoso

Por otro lado, coinciden con las demás asociaciones en que retirar del anteproyecto el traslado forzoso tras el ascenso automático de categoría "contribuye a conciliar la vida profesional y familiar y prestar un mejor servicio en los juzgados, puesto que no se producirán cambios de titulares, lo que ha sido un empeño reiterado de Juezas y Jueces para la Democracia y de la Unión Progresista de Fiscales que de forma insistente lo han reclamado al Gobierno".

Del mismo modo, califican de "avance" que para acceder a la carrera judicial y fiscal se recupere una prueba práctica escrita, "que en su día fue injustificado suprimir y que realizan todos los cuerpos superiores de la Administración Pública". También bendicen que se modifique el acceso por el cuarto turno para que primero tenga lugar una prueba eliminatoria, como sucede con el turno libre, y luego la fase de baremación de méritos. "En este apartado consideramos un avance que la preparación a la oposición sea más transparente, declarándose en todo caso tal actividad, y que exista un centro público nacional que pueda atender con fondos públicos a quienes lo reclamen".

Recortes a la financiación privada

Ambas asociaciones ven "esencial" que se impulsen medidas de igualdad para garantizar la paridad en los tribunales de oposición y en la Comisión de Ética Judicial. En este último caso, respaldan que se incorpore a catedráticos de Filosofía y Ética, "puesto que el comportamiento de los jueces en sus relaciones sociales es cuestión que no sólo interesa a la judicatura sino a toda la sociedad".

"Nos parece que los intentos de democratizar los órganos de gobierno de los tribunales son esenciales, siendo un acierto suprimir el voto postal y permitir el voto telemático, como ya sucede para designar la Comisión de Ética Judicial, reducir el número de votos de cada elector como en el Senado y optar porque las Salas de Gobierno trabajen en pleno, pues son fórmulas que propician que tales órganos reflejen el pluralismo que caracteriza la carrera judicial", aseguran.

En esa misma línea, avalan que se exija que la financiación de las asociaciones judiciales sea exclusivamente pública, "aunque para ello será preciso incrementar la dotación presupuestaria que en la actualidad se destina a esa finalidad, homologando a este respecto la normativa para los jueces y fiscales".

Por último, defienden que la situación de "abuso de temporalidad que padece la justicia interina" tiene remedio fomentando la incorporación por el cuarto turno, "sin que ello repercuta negativamente en el escalafón".