La juez que ha enviado al banquillo al hermano de Pedro Sánchez ha dado órdenes de verificar la nueva condición de diputado de Miguel Ángel Gallardo, hasta ahora presidente de la Diputación, tras su aforamiento exprés para provocar que este caso se juzgue en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Beatriz Biedma ha frenado al político socialista y ha pedido que se certifique su condición de diputado y "desde qué fecha" lo es, antes de decidir sobre el futuro del procedimiento.

Así consta en un auto en el que corrige a Gallardo acerca de que ella no puede inhibirse a favor del TSJ extremeño, como así lo solicitó su defensa, porque las inhibiciones solo se aplican entre juzgados de instrucción. Lo que sí hará será elevar una exposición razonada cuando se certifique que ostenta la condición de diputado de la Asamblea. Por ese motivo, libra oficio a la Junta Electoral de Extremadura para que aporte toda la documentación referida a dicho procedimiento de designación de Gallardo.

De igual manera, corrige un error de su auto de apertura de juicio oral, ya que expuso que este asunto lo tendría que juzgar el Juzgado de lo Penal de Extremadura al tratarse de delitos por los que les piden menos de cinco años de prisión. No obstante, y según consta en estos nuevos autos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, atiende a la petición de David Sánchez y sostiene que el asunto debe juzgarse en la Audiencia Provincial de Badajoz al afrontar todos ellos penas de inhabilitación altas.

Gallardo quiere invalidar la apertura de juicio oral

La causa contra el hermano del presidente del Gobierno por presunta prevaricación y tráfico de influencias está en el punto de mira desde que la juez les procesara por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Este movimiento, que dejó a los imputados al borde del banquillo, activó la maquinaria en el PSOE para aforar a Gallardo y así forzar que la Audiencia de Badajoz perdiera la competencia en detrimento del Tribunal Superior de Justicia extremeño.

En pleno proceso político, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 se adelantó y abrió juicio oral a David Sánchez, Gallardo, al exasesor de Moncloa Luis Carrero y a una serie de altos cargos de la Diputación de Badajoz que participaron en la creación de la plaza de coordinador de conservatorios de Badajoz en 2017. Sin embargo, dicho auto se dictó 24 horas después de que Gallardo (a falta de tomar posesión del cargo) consiguiera su acta de diputado.

La maniobra se produjo con el fin de derivar la causa al TSJ de Extremadura y, de hecho, así se lo trasladó la defensa del político socialista a la instructora, en un escrito en el que le adjuntó el documento de la Junta Electoral de Extremadura con fecha de 21 de mayo. "Desde entonces, el Sr. Gallardo Miranda goza de las prerrogativas propias de miembro de la Asamblea de Extremadura, según resulta del artículo 15.2 del Reglamento de la Asamblea", expone.

Con su escrito, Gallardo quiso tumbar el auto de apertura de juicio oral para que el mismo lo dicte el TSJ de Extremadura. en caso de que, al igual que su verdadera instructora, considere que hay indicios de delito. "No corresponde a este Juzgado de Instrucción el resolver sobre la apertura del juicio oral, ni, en general, sobre ninguna de las cuestiones que se puedan suscitar desde este momento: el ámbito funcional de la competencia objetiva de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Extremadura se extiende a la decisión 'sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio', esto es, sobre todos los hitos fundamentales de un proceso penal", reza Gallardo.

La juez defiende su actuación

Además, también avanza que el procedimiento no se podría separar; esto es, no podría quedarse la parte troncal (que afecta a David Sánchez) en la Audiencia Provincial de Badajoz y lo relativo a Gallardo en el TSJ de Extremadura. "No es posible escindir los hechos que se atribuyen a los investigados, y ello legitima la "posibilidad de atraer la competencia respecto de hechos ejecutados por personas no aforadas ante la misma", reza la defensa del ahora aforado.

Sin embargo, la juez ha frenado sus aspiraciones dejando claro que lo primero que va a hacer es constatar si, como él asegura, tiene su acta de diputado. Además, en otro pronunciamiento separado, ha dejado claro que estaba legitimada para enviarles al banquillo aunque la Audiencia Provincial de Badajoz todavía no hubiera resulto los recursos contra el procesamiento. "Estos no recursos no tienen efecto suspensivo", dice.

Con su actuación, la magistrada trata de impulsar un procedimiento que a su juicio está plagado de indicios suficientes como para que acabe en el banquillo. Los acusados, por su parte, pretenden ralentizar las actuaciones. De hecho, con la maniobra del aforamiento y el desvío de la causa al TSJ extremeño, casi con total seguridad se dilatará el juicio. Incluso podría pasar que las defensas aprovechen que la causa está en otro juzgado para pedir la nulidad de actuaciones y que todo este asunto acabe sin juzgarse.