Llarena rechaza la «vía Yoldi» y no da permiso a Junqueras

Ve riesgo de que su «liderazgo» provoque manifestaciones ciudadanas «violentas».

Oriol Junqueras y el líder soberanista Jordi Sánchez no podrán acudir al Parlament a la sesión de investidura convocada para hoy. El juez Pablo Llarena –que investiga por rebelión a los principales responsables del «procés»– ha ratificado su negativa a concederles un permiso de salida que ve «inconciliable» con los riesgos de reiteración delictiva dada su «actuación social y política». El magistrado rechaza la «vía Yoldi» que habían invocado los parlamentarios en prisión (el etarra encarcelado Juan Carlos Yoldi, a quien el TSJ de Navarra permitió, en febrero de 1987, asistir como candidato a la sesión de investidura del nuevo lendakari) y les recuerda que la delegación de voto les permite «conformar la voluntad de la Cámara sin alteración ninguna de la aritmética parlamentaria».

Llarena rechaza así los recursos planteados por el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y por el ex conseller de Interior Joaquim Forn (que posteriormente renunció a su acta de diputado), a los que se adhirió el propio Junqueras, contra la resolución en la que se les denegó el permiso para asistir a la sesión constitutiva del Parlament. En ese auto, el magistrado abría la puerta, Mesa del Parlament mediante, a que se les permitiese delegar su voto, ante una incapacidad legal que preveía «prolongada».

Para el instructor de la causa, de acceder a los permisos solicitados, el riesgo de reiteración delictiva sigue presente «por la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia». Y recuerda su participación en el proceso independentista que incluyó el referéndum ilegal, «cuya materialización precisó una movilización ciudadana, impulsada por los autores del delito, que desembocó en varios episodios, previsibles y altamente probables, de violencia y tumulto». Esa es, subraya, la «persistencia y reiteración delictiva que trata de conjurar» su prisión provisional.

Llarena insiste en que al permitir la delegación de voto se preservó «el contenido mínimo o esencial» del derecho del sufragio pasivo, que hubiera quedado «desproporcionadamente eliminado» si antes de una hipotética condena «se hubiera impedido a un candidato electo acceder a la condición para la que fue elegido».

Tirón de orejas al CTTI

El magistrado del Tribunal Supremo niega asimismo que la resolución recurrida causara indefensión a Sánchez y Forn (al cerrar la puerta a la salida de prisión que habían solicitado y sobre la que no se había pronunciado aún Llarena). Ni les denegó un permiso «que nunca se pidió», aclara, «ni les impuso ninguna otra decisión que les afectara», pues se limitó a garantizar que pudieran tomar posesión de sus actas de diputados, «si ese era su deseo», así como que pudieran delegar su voto «si tal opción era de su interés y la Mesa del Parlamento no encontraba razón para oponerse».

Por otra parte, en una providencia el juez Llarena llama la atención a la Generalitat por la falta de colaboración en la entrega de información solicitada. En particular, Llarena reprocha al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) que no haya entregado a la Guardia Civil los la totalidad de correos electrónicas de 32 altos cargos investigados en la causa que solicitó el pasado día 11. Entre ellos, además del Govern en pleno, los de Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel y Mireia Boya (CUP), la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, «los Jordis», el ex presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas y la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras.

El magistrado ordena al CTTI la «inmediata puesta a disposición» de esos correos a la Guardia Civil , y que facilite «toda la información que le fue requerida» hace veinte días.