Los principales investigados en la trama Koldo dan la batalla por anular los registros de la Guardia Civil. Esta diligencia es determinante puesto que con el estallido de la causa los agentes se incautaron de más de 170 dispositivos entre discos duros, ordenadores, memorias y teléfonos, que, quince meses después, siguen desentrañando a contrarreloj. A ese material se sumó una caja nueva que apareció en la Audiencia Nacional y que contiene, entre otros efectos, un pendrive de Koldo García que ahora trata de apartar.

El que fuera asesor de José Luis Ábalos pretende que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la expulsión de este dispositivo de almacenamiento, pero el magistrado Ismael Moreno no quiere decir nada hasta que la Unidad Central Operativa (UCO) valore su contenido, especialmente porque puede ser relevante para la causa. Por ello, ha recurrido su auto y ha dejado el asunto en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá la última palabra sobre el asunto.

En su recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de Koldo García incide en que el magistrado no tiene por qué esperar a que la UCO aporte su criterio. "No está justificado", sostiene. Koldo alega que esperar a la Guardia Civil vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. Además, desliza ya una posible ruptura de la cadena de custodia de lo incautado en febrero de 2024, abriendo de esta forma la puerta a una nulidad de la diligencia estrella del caso.

Un pendrive en un sobre blanco

El que fuera mano derecha de José Luis Ábalos sostiene que el hallazgo de este USB es "insólito" por cuanto que se trata de material que los agentes requisaron durante el registro de su domicilio en Polop de la Marina (Alicante).

Sin embargo, el juzgado informó en febrero, justo un año después del estallido de la causa, que había "aparecido" una caja. En su interior había un sobre blanco con un pendrive de Koldo García; otro sobre localizado en el domicilio de su hermano Joseba que contenía una corbata con el logo del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), y, finalmente, una bolsa con 14 sellos requisada en el despacho de Javier Serrano y César Moreno.

Se trata de dos personas de la máxima confianza de Víctor de Aldama, conseguidor de esta red, y también investigados por sus vínculos con los contratos sanitarios de la pandemia. El juzgado, al encontrar estas partidas, dio traslado de las mismas a la Guardia Civil, mientras que, en paralelo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 solicitó a los agentes un informe para esclarecer si estas nuevas pruebas "tienen interés para la causa".

"Caja repentinamente aparecida en el juzgado"

Koldo García fue de los primeros imputados en reaccionar y lo hizo para pedir que se apartara todo esto del sumario y que no se considere prueba válida. El también exchófer del PSOE ya había denunciado los pormenores del registro practicado en su domicilio alicantino. Tanto es así, que en marzo acudió a la Fiscalía General del Estado a la que pidió que investigue la "agresividad excesiva" con la que, según denuncia, se llevó a cabo la diligencia.

Koldo expuso que la actuación de los agentes dejó "secuelas traumáticas" en su hija menor ya que irrumpieron "con pistolas y subfusiles apuntando directamente a la cabeza". De hecho, una cámara colocada estratégicamente en el comedor de la vivienda grabó de la actuación de los uniformados. Koldo les pidió que no irrumpieran a punta de pistola para proteger a su hija, que entonces tenía cuatro años.

A esta crítica se suma ahora el reproche por no excluir este pendrive que ahora aflora entre todos los dispositivos incautados. "La caja que ha 'aparecido' no estaba precintada, o al menos no consta así en la diligencia de ordenación del 6 de febrero. El sobre blanco supuestamente proveniente del registro en el domicilio de mi representado que contenía un pendrive tampoco estaba sellado ni precintado cuando es obligatorio su precintado y sellado", expone.

El material que ocultaba Koldo

Al hilo, denuncia que se han encontrado con un argumento "vacío y genérico" del magistrado por no dar respuesta (ni a favor ni en contra) de la solicitud formulada. Además, dice que si el contenido de este pendrive es relevante o no para la causa "es indiferente a los efectos de la la expulsión solicitada" y, por ello, reclama una respuesta urgente del instructor.

Con todo, no es la primera vez que el exasesor de Ábalos eleva el tono contra los investigadores. En paralelo a su lucha por tumbar la validez de los registros, García también ha abierto un frente para recuperar todo lo incautado hace ahora quince meses. Los agentes encontraron en su casa alicantina más de una veintena de teléfonos, 24.000 euros en metálico, una grabadora, diversos portátiles y discos duros. De entre estos últimos destacan especialmente dos que pertenecen a José Luis Ábalos.

El exministro se ha sumado desde el primer momento a la batalla por intentar recuperar ambos dispositivos alegando que contienen material "de carácter absolutamente privado y personalísimo". De hecho, en junio ya se dirigió a la Audiencia Nacional para tratar de recuperarlos, exponiendo que en su interior hay álbumes fotográficos familiares desde 2004, documentos personales y laborales o fotografías de sus hijos.

Pendientes de la UCO

Pero lo cierto es que, más allá del material personal que puedan contener, el foco se pone en estos dispositivos ante la sospecha de que pudieran albergar información comprometedora contra Moncloa. Se trata de una tesis que ha cobrado fuerza sobre todo tras desvelar el diario El Mundo los mensajes mantenidos entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Aunque en un primer momento se apuntó que este material podría estar dentro de las memorias digitales sustraídas a Koldo, fuentes de la investigación confirman a este periódico que la UCO no tienen constancia de que estén ahí.

Ello no implica que igualmente atesore información especialmente valiosa que pretenderían recuperar en un momento crucial para la causa, ya que la UCO ultima informes solicitados por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Los mismos están relacionados con los mensajes telefónicos de los imputados que se habrían cruzado con cargos del PSOE como con el 'número tres' de la formación, Santos Cerdán, y también, con todo el material requisado. De ahí el interés que tendrían algunos de los imputados en anular la diligencia de los registros.

Pese a su insistencia, tanto el magistrado de la Audiencia Nacional como Anticorrupción cierran la puerta a entregarlos avisando, además, que estarán protegidos con especial celo hasta que la Guardia Civil termine los informes encargados que tienen en vilo al Gobierno de Pedro Sánchez. De cederlos, aseguran, se perturbaría en gran medida el procedimiento contra esta presunta organización criminal.