La Junta redobla el acoso a Alaya: «Hay que pasar página ya»

Un ataque directo y sin miramientos contra la independencia de la Justicia. Eso es lo que perpetró ayer el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, haciendo suya la estrategia de continua presión que practica el PSOE-A contra la jueza Mercedes Alaya. Cada auto, cada decisión judicial, incluso cada petición de información, ha sido respondida por parte del Gobierno andaluz sembrando dudas sobre la independencia de la instructora de la trama de los ERE fraudulentos, llegando a pedir su revocación.

La obsesión de la parte socialista del bipartito es que la causa se le escape cuanto antes de las manos en favor del Tribunal Supremo, al ser aforados varios altos cargos señalados implícitamente por su presumible responsabilidad en el fraude. Con la renuncia de José Antonio Griñán, el PSOE-A da por cobrada la mayor pieza. Pero la declaración del ex interventor general el pasado día 25 y las nuevas líneas de investigación que mantiene la Guardia Civil –ha interrogado a ex directivos de la Agencia IDEA, donde se transferían los fondos de los ERE–, indican lo contrario. El discurso, sin embargo, no varía.

Ayer Diego Valderas asumió como propia esa estrategia a la que le «obliga» un pacto de gobierno del que IU puede volver a sacar rédito en septiembre, cuando se ejecute la formación del nuevo equipo de Susana Díaz. Primer paso, resaltar la lentitud judicial: «(Alaya) no se distingue por su celeridad y prontitud». Segundo, aludir a su supuesta falta de rigor: «Los imputados se sienten en indefensión». Y por último, la conclusión: «Hay que pasar página de esta grave situación de corrupción y pasarla conociendo el alcance y las responsabilidades políticas y penales».

Todo ello un día después de que trascendiera el auto en el que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla incluía a 23 nuevos imputados –situando la cifra en 116– y tras varias semanas de incesantes ataques desde que la juez implicara a una veintena de altos cargos de la Junta. Aprovechando el altavoz de la radio pública andaluza, el vicepresidente trató de equilibrar la balanza a favor de su formación arrogándose la celebración de una comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento. Gracias a IU, dijo, se establecieron «altas responsabilidades políticas». Una comisión que tras cinco meses de trabajo cerró en falso señalando exclusivamente al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez. Nada de eso parecía estar ayer en la cabeza de Valderas, empeñado en saltarse la página de uno de los mayores casos de corrupción en España, para no seguir desestabilizando al Gobierno andaluz.

El PP-A reprochó la «falta de respeto» hacia la Justicia mostrada por el dirigente de IU, y le recordó que quien decide cuándo se acaba la investigación de la «trama» es «la Justicia, no el Gobierno andaluz», informa Efe. La vicesecretaria de Políticas Sociales y Acción Electoral de los populares, Dolores López, ironizó diciendo que «va a ser verdad el refrán de que todo se pega» para subrayar el hecho de que de nuevo un responsable de la Junta haya insultado la independencia judicial.

«Hay 116 razones con nombres y apellidos (por los implicados) para seguir investigando el mayor caso de corrupción de la democracia española», aseguró, ha aseverado. López admitió que no le extraña la actitud de Valderas porque ha venido manteniendo un «silencio cómplice» para «seguir manteniendo el sillón». No obstante, aseguró que ya había perdido su credibilidad cuando «consintió que se pagara con dinero de todos los andaluces a los abogados de los cargos públicos imputados».

Piden que se impute también a Ruiz-Mateos

Un grupo de accionistas de la empresa Dhul ha solicitado personarse como perjudicados en el caso de los ERE y que la imputación se amplíe a José María Ruiz-Mateos y a cuatro de sus hijos –la jueza señaló en su último auto a dos– al entender que todos tenían responsabilidades y conocimiento de lo ocurrido. El abogado de los inversores mantiene que el patriarca presuntamente asistió a todas las reuniones en las que se trataron las ayudas al grupo –en las que también habría participado el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, según declaró un mediador en los ERE–, informa Efe. Por otro lado, el letrado de un interventor de la Junta y del ex director general de Trabajo Daniel Rivera, ha presentado un recurso ante la Audiencia al considerar «ilegítimo» que se le prohíba representar ambos.