Ya tenemos otra vez a los ministros convertidos en lapidadores de los jueces que se dedican a hacer el trabajo que la Constitución les encomienda. Ayer incluso Planas, tan anodino el hombre en lo suyo, se dedicó a hacer gracietas contra Peinado, argumentando que sólo le faltan varios años para acabar la instrucción, una vez que interrogue a los 48 millones de españoles que le quedan para concluir el procedimiento abierto por cuatro presuntos delitos contra la esposa del presidente del Gobierno.

A esto en cualquier sitio serio se le llamaría presionar, o sea, lawfare judicial de los gordos, pero aquí no pasa nada, es lo que nuestros ministros no han parado de hacer, con total impunidad, desde que se abriera procedimiento en curso, al descubrirse que Doña Begoña usaba la Moncloa para sus negocios particulares, siempre presuntamente, claro. Esta señora podría haber alquilado un local fuera del domicilio presidencial para sus legítimas actividades empresariales, pero decidió hacerlo desde el mismo Palacio, entendemos que sin pagar por alquiler de habitáculo alguno, sin hacer frente a la cuota de la luz ni a la calefacción o el aire acondicionado, sin liquidar el teléfono o el internet, y utilizando además para ello a la asesora a la que todas las esposas de los presidentes tienen derecho en socorro de las funciones inherentes al cargo de consorte.

Que pueden ser muchas, pero nunca las de pedir dinero a empresas por encomienda de su jefa, para asuntos que nada tienen que ver con la situación matrimonial de la investigada. O así debería ser, al menos. Sólo que aquí parece que se pudo confundir todo, y por eso el juez Peinado está instruyendo tal y como deben ser las instrucciones, tomando declaraciones a investigados y testigos, pidiendo los correspondientes informes a los peritos y a la UCO. Serían mucho más fáciles las cosas si Begoña o Sánchez hubieran querido colaborar, en vez de entorpecer la función del magistrado. Ayer le tocó el turno de testigo a Bolaños, lo que traidor Marlaska y el mencionado Planas aprovecharon para proseguir en la tarea habitual de linchamiento del juez del caso. Planas aún no ha explicado porque una de sus empresas públicas contrató a la prostituta amante de Ábalos sin que demostrara cualidades para ello, ni por qué le pagó un sueldo sin trabajar un solo día, también presuntamente.

Igual habría que investigar al señor ministro por semejante irregularidad. Pero ni hablar, no contento con lo anterior, ni con hundir a la agricultura y la ganadería españolas a base de zarandajas verdes, Planas decidió ponerse chistoso y entregarse a la tarea de denigrar al juez más denigrado del sanchismo, sometido a vejaciones como la de tenerle esperando una hora para poder tomar declaración a Sánchez, o meterle ayer un policía en el coche como si fuese un delincuente. Claro que Peinado, en ejercicio de su legítima autoridad, se tomó también su tiempo en la declaración bolaña, ajustando la Sala a su medida, sentando a los intervinientes a su criterio, y expulsando del escenario al policía infiltrado. El juez marcó el terreno y advirtió a los filtradores habituales (acusaciones, letrados y fiscalía), de las multas que les van a caer si se empeñan en seguir con la actividad ilícita de repartir el sumario a tutiplén.

Todo lo demás era lo previsible. Bolaños no sabe nada, pese a que su subordinado Alfredo González había dicho, después de argumentar que no recuerda lo que firma, que la contratación de la asesora de Begoña vino de arriba. Igual arriba es el cielo, o es que la tal asesora, Cristina Álvarez, se contrató sola, como Jessica en la empresa de Planas.