Para Pedro Sánchez hay jueces que “hacen política”. Una acusación que obedece a las investigaciones que afectan a dos personas de su entorno más íntimo: su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. El presidente del Gobierno se abona abiertamente a la tesis del ‘lawfare’ y el Partido Popular apunta a Bruselas, donde las instituciones europeas ya se han pronunciado en más de una ocasión contra los ataques del Ejecutivo a la Justicia.

El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció anoche a través de su cuenta de X que su rival había ido “a la televisión pública a descalificar a jueces que investigan a los suyos” y a contar que “podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones”. Esto, sentenció, “no es una anomalía democrática. Es YA -en mayúsculas- un peligro para España”.

En la cúpula popular, según ha podido saber LA RAZÓN, ya estudian una ofensiva en las instituciones europeas con las palabras de Sánchez. “El presidente del Gobierno está diciendo en la televisión pública que en nuestro país hay lawfare. Europa tomará nota de ello. Es muy grave que Pedro Sánchez diga que los jueces de nuestro país persiguen a las personas por motivaciones políticas”, subrayan en Génova. “También lo es que cuando le mencionan las imputaciones de su mujer y su hermano se ría”, apostillan.

La reaparición de Sánchez en el arranque de curso ha causado un gran revuelo en la política española. Su primera entrevista después de casi un año sin atender a ningún medio dejó un reguero de titulares. Pero el más llamativo de todos fue en el que cargó a los magistrados que tienen en la picota a sus familiares y al fiscal general del Estado.

Según Miguel Tellado, número dos del PP, el presidente estuvo “muy desnortado” y recurrió a la misma estrategia de siempre: “Victimizarse para justificar la situación que está viviendo”. En la radio pública ha reprochado que “ver al jefe del Ejecutivo cuestionar la labor del Poder Judicial y su independencia y profesionalidad es lamentable”.

Misma opinión sobre el deseo que expresó de seguir en el poder aun sin unas cuentas públicas en vigor. “Ver a Sánchez justificar que se puede gobernar con presupuestos o sin ellos, dinamita los cimientos de cualquier democracia moderna”.

Los ataques del Gobierno español a los jueces han sido motivo de análisis por parte de la Comisión Europea en reiteradas ocasiones, tanto a través de iniciativas parlamentarias como en informes de Estado de Derecho en los que ha advertido de su “preocupación por las declaraciones públicas de políticos en las que estos criticaban el Poder Judicial”. Para el Ejecutivo comunitario, la obligación tanto de Sánchez como de sus ministros es “fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía” en las instituciones, con especial énfasis en la judicatura.