Los bancos tendrán que denunciar cualquier gasto relacionado con el 1-O

El Ministerio de Hacienda enviará el acuerdo tomado hoy por el Gobierno sobre el contro de las cuentas a la Generalitat de Cataluña a las entidades financieras para que no colaboren con actividades ilegales “como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero”.

Les insta a exigir que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General y si detectan que puede estar relacionado con el 1 de octubre “deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal”.

Las medidas se publicarán al inicio de la próxima semana y comenzarán a correr los plazos y aunque Montoro no ha precisado durante cuánto tiempo estará el Gobierno controlando los pagos de la Generalitat, sí ha precisado que lo hará mientras “dure la situación de excepcionalidad” y mientras “se sigan negando a cumplir la ley y pongan en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia” que, ha añadido, se garantizan con las medidas que ha adoptado el Gobierno.

Cristóbal Montoro no ha querido precisar si, en caso de incumplimiento reiterado de la Generalitat, aplicará el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé la intervención parcial de la autonomía, con acuerdo del Senado, en consonancia con el artículo 155 de la Constitución.

Sí ha recalcado que le parece “muy válido” que se mencione la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque es uno de los “principales vehículos” para adoptar las medidas acordadas hoy. Pero dijo que iba a centrarse en explicar estas medidas que, en su opinión, “es imposible que no se cumplan” porque cree que la Generalitat no pedirá que no se paguen los servicios públicos en su afán de incumplimiento con las normas estatales.

En este sentido, Montoro se ha preguntado “a quién le molesta el control de la legalidad” y “qué quiere hacer la Generalitat con el presupuesto si no es capaz de informar de que los están usando para pagar la Sanidad, la Educación o la dependencia...”. “¿Qué es lo que están pensando pagar?”, se ha preguntado antes de espetar: “esto es lo que vamos a evitar, las malas ideas”.

Al ser preguntado si el Gobierno tiene conocimiento de cómo está financiando el Ejecutivo catalán el referéndum del 1 de octubre, el ministro ha precisado que a él no le consta que exista un “fondo de reptiles” y que eso sólo se puede afirmar desde el desconocimiento de lo que es el control presupuestario.

A este respecto ha explicado que hasta final de agosto tienen la seguridad de los datos que ha facilitado la intervención general, aunque ha matizado que él no se puede pronunciar a estas alturas si “puede haber habido un falseamiento de documento público” en relación con esos datos.

Lo que sí ha querido dejar claro es que tampoco puede haber ni un euro privado a pagar una actividad que es ilegal. “Un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, sea pública o privada y eso es lo que estamos garantizando con estos mecanismos”, ha apostillado.