El malestar de varios vocales aboca a Mozo a desconvocar el Pleno sobre la subida de sueldo a los jueces

No habrá Pleno monográfico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar el acuerdo del Gobierno sobre las mejoras salariales a los jueces. En menos de 24 horas, el presidente de la institución, el vocal progresista Rafael Mozo, ha convocado y desconvocado la reunión, tras el malestar de varios vocales por su decisión de celebrarlo tras la firma del acuerdo hoy entre representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda y de seis de las asociaciones de jueces y fiscales.

Han sido los mismos cinco vocales que el pasado viernes instaron su convocatoria lo que ayer mismo pidieron que se dejara sin efecto, molestos porque la fecha del Pleno extraordinario se fijase para mañana, ya con el pacto rubricado, y no antes.

Mozo estaba obligado a convocar el Pleno (así ocurre cuando lo solicitan al menos cinco vocales) en un plazo máximo de tres días. Y así lo hizo, pero no el lunes (24 horas antes de la escenificación del acuerdo salarial en la sede del ministerio que dirige Pilar Llop), como solicitaron esos consejeros.

Ahora, la agenda del CGPJ recupera el Pleno ordinario que estaba previsto para el jueves, en cuyo orden del día se ha incluido un punto sobre la "dación de cuenta" de los vocales que asistieron a las cinco reuniones de la Mesa de Retribuciones entre la asociaciones y representantes de Justicia y Hacienda -Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y José Antonio Ballestero- para trasladar a sus compañeros una "valoración de la situación" tras ese proceso de negociación que se ha plasmado en un aumento del 7% en las nóminas de jueces y fiscales que se hará plenamente efectivo en julio del próximo año y en la convocatoria de 200 plazas más para cada una de las carreras, repartidas en este ejercicio y en el próximo.

La convocatoria era "inútil"

Los vocales que pidieron la celebración de la reunión extraordinaria pidieron ayer por escrito su desconvocatoria al considerar "inútil" que se llevara a cabo mañana "dado que la reunión de la Comisión de Retribuciones a fin de ratificar los acuerdos ha sido convocada para el martes 23 de mayo" y ante "la falta de llamamiento a la antedicha reunión de los tres vocales designados por el Pleno como miembros de la citada comisión".

"Lo sensato es que hubiese señalase el Pleno para que fuese efectivo. La única razón para convocarlo un día después es que no sirva para nada", aseguran fuentes del sector disconforme con esa decisión de Mozo.

Según esas mismas fuentes, "muy probablemente la conclusión del Pleno no hubiese sido contraproducente para el acuerdo", pues solo se pretendía que los tres vocales comisionados "nos informaran del mismo" para así poder "constatar que no afecta a las competencias del Consejo". "Una cosa es que el Ministerio de Justicia diga que las retribuciones de los jueces se adecuarán a las cargas de trabajo -afirman en relación a los términos de ese pacto- y otra bien distinta que se pretenda utilizar la Mesa de Retribuciones para fijar las cargas de trabajo, que es una atribución del Consejo".

Reproches a Mozo

E incluso en el caso de que tras el Pleno se hubiese hecho público "un comunicado incómodo", señalan, "no habría impedido que se adoptase el acuerdo".

La decisión de Mozo, no obstante, ha generado un notable malestar entre varios vocales, que según las fuentes consultadas han trasladado al propio presidente en funciones de forma interna, aunque por ahora no se plantean poner sobre la mesa una posible reprobación de su actuación, una posibilidad que "no hemos hablado", explican.

Las seis asociaciones judiciales y fiscales que aceptaron la semana pasada, tras la quinta reunión de la Mesa de Retribuciones, la propuesta de Justicia -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- dieron su visto bueno a una subida del 7% (supondrá un desembolso de 46,7 millones) que se plasmará en un aumento de 440 a 450 euros brutos al mes repartidos en doce pagas y que no se incorporará plenamente a sus nóminas hasta julio del próximo año. En total, la medida supone un desembolso de 46,7 millones de euros para Hacienda. Solo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, no respalda esas condiciones.