El pasado 21 de mayo el Tribunal Supremo emitía una sentencia tan esperada como polémica para los miles de policías nacionales que llevan décadas reclamando la equiparación con el resto de Policías del Estado. El Alto Tribunal obligaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a reconocer como profesión de riesgo a los agentes acogidos al régimen de la Seguridad Social, así como a regular su jubilación anticipada en condiciones de igualdad con la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Y aquí es donde surge la controversia... ¿Qué pasa con los policías que se encuentran bajo el régimen de Clases Pasivas?

Se trata de un proceso "complejo" y "complicado", señala Ibón Domínguez, portavoz del sindicato Justicia Policial (Jupol), artífice de este logro, ante las críticas surgidas dentro del propio Cuerpo. Porque el reconocimiento como "profesión de riesgo" conlleva un cambio en la jubilación, afecta de lleno al bolsillo de los agentes y establece un nuevo agravio comparativo entre los propios policías nacionales. Sin embargo, desde este sindicato quieren dejar claro que una vez que ya se ha conseguido que los compañeros de la Seguridad Social tengan el mismo marco normativo que los policías locales y autonómicos, el siguiente objetivo son las clases pasivas. "Entendemos que no puede haber agravios entre agentes del propio Cuerpo, que es lo que estábamos buscando básicamente", subraya.

O lo que es lo mismo, no puede haber policías nacionales que sean profesionales de riesgo y otros no, por mucho que pertenezcan a sistemas de pensiones diferentes. Por este motivo, desde este sindicato van a iniciar el proceso para que esta medida afecte a todos los agentes y a los guardias civiles. Su deseo es no tener que llegar a la vía judicial de nuevo, pero esa solución pasa por que el Gobierno "legislara" y reconociera la "penosidad, peligrosidad y singularidad" de las clases pasivas. "Tenemos claro que es darnos contra una pared, pero sería la forma más rápida. Judicialmente también lo vamos a intentar, pero es más complejo, ya que dentro de las clases pasivas no existe esa singularidad", añade Domínguez. Y si bien este sería el proceso más rápido, también es el menos probable, a tenor de las continuas negativas del Ejecutivo a mejorar sus condiciones laborales.

Siete años sin noticias del Gobierno

"Los compañeros de clases pasivas, sobre todo los que se están jubilando ahora, fueron los que estuvieron en los años más duros de la lucha contra la banda terrorista ETA. Es muy injusto que se vayan con una jubilación muy por debajo a la del resto de Policías del Estado", asegura el portavoz de Jupol. Y es que, a día de hoy, cobran entre 700 y 800 euros menos al mes que un mosso o un ertzaina. Tal es la bajada de sueldo, que "los compañeros intentan no jubilarse", matiza. ¿La solución? Conseguir que la misma normativa que existe para los policías acogidos en la Seguridad Social se aplique a las Clases Pasivas.

En este punto, el portavoz de Jupol recuerda que hace siete años se les informó del inicio de los trabajos para establecer los coeficientes reductores de jubilación. Ante la desidia del Ejecutivo, el sindicato recurrió al Defensor del Pueblo que inició los trámites. Y en febrero de 2024, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciaba la creación del ansiado "grupo de trabajo" para "ahondar" en las mejoras de la jubilación anticipada. Un anuncio que llegaba bajo la promesa de entregar un informe al sindicato en el mes de septiembre. Sobra decir que ese escrito nunca llegó. Así, según manifiesta Domínguez, siete años después cabe preguntarse: "¿Qué han hecho?". La respuesta parece obvia o quizá lo tengan aparcado en un cajón como el reglamento que apenas 24 horas después de la sentencia del Supremo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Porque a raíz de esta sentencia, que le obliga a aplicar los coeficientes reductores a los agentes de la Seguridad Social, el Ejecutivo se sacó de la manga un Real Decreto, que se tarda más de un día en preparar. "Creemos que lo tenían preparado para sacarlo en el momento más ventajoso para ellos (convocatoria de elecciones o bomba de humo por la polémica de los audios)", apunta Ibón Domínguez. Y hace un alto en el camino para señalar algo que considera importante de este Real Decreto. Asegura que es "interpretable" y "subjetivo" entender que el texto excluya a los policías y guardias civiles, ya que en ningún apartado pone "que excluya a las clases pasivas". Es más, "ni siquiera habla de qué profesiones se van a beneficiar de esa reducción de la edad de jubilación por los coeficientes reductores".

Un último apunte, tanto unos (Seguridad Social) como otros (Clases Pasivas) dependen directamente del mismo ministerio, el de Seguridad Social, por lo que si "hubiera realmente voluntad política", podría hacerse. La pelota, una vez más, está en el tejado de Grande-Marlaska, conocido por su querencia a los tribunales. No hay que olvidarse de que es el mismo ministro que no tuvo reparos en recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba a renegociar la equiparación salarial.

En su sentencia de 21 de mayo, el Tribunal Supremo concluye que la inacción del Gobierno ha vulnerado el derecho a la igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, por lo que establece la necesidad de aprobar un Real Decreto que equipare los derechos de todos los cuerpos policiales en materia de jubilación.

¿Qué dice la sentencia del Supremo?

El Alto Tribunal recuerda al Ejecutivo que existe base legal suficiente, en especial el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto 1698/2011, para justificar esta regulación. Un varapalo para Grande-Marlaska que llegó a encargar un informe en el que se concluye que "la profesión de riesgo no existe". Y es que hay que recordar que el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, prevé la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación por Real Decreto y mediante coeficiente reductores para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad".

En su última respuesta parlamentaria, Interior admitía que el reconocimiento como profesión de riesgo de estos agentes "presenta una complejidad extraordinaria, al constituir un asunto multidimensional que trasciende las competencias exclusivas del Ministerio del Interior y que implica necesariamente la coordinación interministerial". Así, insistía en que la existencia de dos regímenes diferentes (Clases Pasivas y Seguridad Social) entre los efectivos policiales "añade una capa adicional de complejidad normativa y actuarial que requiere estudios detallados sobre impacto económico a largo plazo". En definitiva, que no se atreven a "establecer plazos concretos o anticipar el contenido final de una eventual regulación". Eso sí, por enésima vez, recurría al manido "grupo de trabajo" creado expresamente para estudiar el "asunto referido" y del que nada se sabe desde hace siete años.