La evolución de los funcionarios adscritos a los distintos organismos dedicados a la Memoria Democrática en el Gobierno de Pedro Sánchez arroja un saldo creciente que va de los 12 de 2019 a los 44 contratados a fecha de hoy, según datos facilitados tras una pregunta al Portal de Transparencia. Hace seis años, estos funcionarios dependían de una Dirección General de Memoria Histórica dentro del Ministerio de Justicia.

En 2022, con la nueva Ley de Memoria, engrosaban una Dirección General de Memoria Democrática asignada al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. En aquel ejercicio la cifra pasó de media docena a 33 funcionarios.

La cartera de Torres

Para este año, y como parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la cifra se eleva hasta los 44 empleados públicos que forman parte de la cartera de Ángel Víctor Torres.

Se trata de altos cargos, personal eventual y funcionarios en general. En la relación hay puestos de jefe de secretaría; jefe adjunto de secretaría; ayudante de secretaría; coordinador de área; secretario de director general; subdirector general; jefes de área; secretario de subdirector; jefe de negociado; auxiliares de oficina y directores de división que se integran en unidades de apoyo de Direcciones Generales de Atención a las Víctimas; una División de Exhumaciones; las Direcciones Generales de Atención a las Víctimas de la Guerra y la Dictadura; un Gabinete del secretario de Estado para la Memoria Democrática; la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática y la Secretaría General de Divulgación de la Memoria.

Los salarios oscilan entre los 15.000 y los 20.000 euros anuales del nivel inferior hasta los 50.000, más complementos y trienios.

En cuanto al impacto económico, se trata de un área que no existía hasta la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya entre 2006 y 2011 se destinaron 25 millones de euros en Memoria Histórica a través de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. En concreto, la partida fue aumentando de los dos millones de 2006 hasta los 6,3 millones en 2011. El Partido Popular la eliminó de sus presupuestos en 2013 –había destinado 2,5 millones en exhumaciones el año previo– y se volvió a retomar en 2020.

Investigación y difusión

En cuanto al gasto de personal, en 2019 no existía una partida específica para «memoria democrática» en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí otras que apoyaban la educación, la investigación histórica y la difusión de la historia de España. En total, se destinaron 13.952.000 euros. Una cifra que fue prorrogada por el Ejecutivo en el año 2020.

En 2021, aunque inferior al anterior, Moncloa quintuplica ya el montante respecto a 2012: el presupuesto general fue de 11,35 millones de euros, con los que el Gobierno socialista aseguraba «demostrar un inequívoco compromiso con las políticas de Memoria».

De ellos, se asignó 1.056.530 euros a gastos de personal. En ese cómputo, el importe para altos cargos llega a 137.320 euros; el de personal eventual a 244.400 y el resto de funcionarios tuvo un coste de 640.370 euros. El total incluye cuotas, prestaciones y gastos sociales.

Al año siguiente –2022– la cuantía general ascendió a 12.819.709, de los que 1.180.259 euros fueron para asumir el gasto de los empleados del Estado.

En 2023, el montante global sumaba 13.952.000 y de ese total, el coste de los funcionarios suponía 1.212.000, y un 11% más que el año anterior.

Bienes y servicios

En el ejercicio de 2023 se disparó también el gasto en bienes y servicios: para ese periodo, el Gobierno de Sánchez habilitó 4,1 millones de euros en este concepto, o sea, 1,2 millones más que el año precedente.

Prorrogadas las cuentas del año pasado, para el ejercicio de 2025, los fondos destinados a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática han alcanzado los 13,95 millones de euros, un 17,97% más que en 2022, en su mayor parte dirigidos al desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, una vez aprobada definitivamente por las Cortes Generales.

Los gastos derivados de las exhumaciones a cargo del Estado, así como la adquisición de archivos históricos, la elaboración del censo de víctimas y del censo de edificaciones realizadas con mano de obra forzada o la realización de campañas para fomentar los valores cívicos para una educación democrática fueron las principales actuaciones previstas en aquel momento.

Y, en este último periodo, en cuanto al gasto de personal, el presupuesto prorrogado para 2025 incluye el importe para altos cargos por 141.360 euros; el de personal eventual, que asciende a 251.520, y resto de funcionarios, con un coste de 688.320 euros. El total, incluyendo cuotas, prestaciones y gastos sociales, llega a 1.212.000 euros.

Sin embargo, con las cuentas prorrogadas por segundo año consecutivo, el Gobierno ha modificado al alza en 8.616 millones los Presupuestos Generales del Estado (PGE), –así consta en los Informes Mensuales de la Intervención General del Estado– y en el apartado de Memoria Democrática se ha elevado hasta los 1.807,6 millones, ampliación que habría asumido el reajuste de personal al alza que reflejan los últimos datos. Las cifras suponen un 14,72% más de salario que el destinado a los ejercicios de 2020 y 2021.

750 personas más para Extranjería

El Gobierno prevé incorporar a 750 personas a las Oficinas de Extranjería para hacer frente a la carga de trabajo que, a partir del 20 de mayo, asumirán como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería. En concreto, se trata de una respuesta integral del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El plan se concreta con una respuesta coyuntural que contempla la incorporación inminente –por un periodo inicial de hasta 18 meses, prorrogable–, de 250 efectivos en las 25 Oficinas de Extranjería en las que se espera un mayor incremento de solicitudes. Además, está previsto que de los más de 1.100 funcionarios de nuevo ingreso de los grupos C1 y C2 que se van a incorporar en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, alrededor de 500, vayan destinados también a las Oficinas de Extranjería de todas las provincias.