Miguel Pallarés: “No creo que ahora mismo al Ministerio Fiscal nos vean como una institución independiente”

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha decidido abandonar el grupo de trabajo que ha impulsado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Según explica su presidente, Miguel Pallarés, en diálogo con LA RAZÓN, la decisión se ha adoptado por unanimidad de la ejecutiva.

“No queremos ser parte de una reforma o de una legislación que no va en el camino que nosotros queremos. Llegar allí, a la Fiscalía General del Estado para que te tiren una foto y que siga todo igual o peor, francamente... no me parece que debamos prestarnos a eso”, explica. Recientemente presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo contra su nombramiento porque “ha habido una serie de acontecimientos que nos hacen pensar que no era la persona idónea”.

¿Por qué se han marchado del grupo para reformar el Estatuto?

Nos parece que los acontecimientos se están desarrollando de tal forma, que hemos acordado dejar el grupo. Las actuaciones de la Fiscalía General del Estado no se acomodan en modo alguno a la independencia y a la forma de actuar del Ministerio fiscal como para que pueda llevar una instrucción penal en toda España. Este nuevo Estatuto por parte del Ministerio fiscal, con estas mimbres y con estos comportamientos, nos parece que nos alejan muchísimo de lo que nosotros consideramos que debe ser un Ministerio Fiscal independiente para poder instruir las causas penales. Si la promueve y nos convoca el fiscal general del Estado que actúa de esta forma, no puede contar en modo alguno con nuestro apoyo.

¿Tendría que salir el fiscal general del Estado para que ustedes sean parte de esta reforma?

Hemos llegado a un punto que no vislumbro otra solución. Me parece que estas actuaciones no traslucen a la ciudadanía la tranquilidad que deben tener en un Ministerio Fiscal independiente y que sea capaz de poder llevar la instrucción con todas las garantías.

¿Qué se persigue con la reforma del Estatuto a la par que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)?

Lo que yo entendía que se perseguía era dotarnos de un Estatuto que fuera independiente en dos formas. Primero, independencia del Ejecutivo; y en segundo lugar, la independencia del fiscal que lleva el caso concreto. Si la fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que está desarrollando su trabajo de investigación, recibe una orden concreta y clara de la teniente del Tribunal Supremo para que el dictamen que tenga que hacer sea en un sentido, dígame usted qué independencia vamos a tener. No veo ninguna independencia. Pues, directamente, que hay que dejar que instruya el fiscal general del Estado. Es decir, si yo estoy llevando a cabo con total soberanía una diligencia que creo que debo hacer en un asunto que se me ha encomendado, este tipo de órdenes me dejan perplejo.

Sobre la demanda que han presentado, ¿qué motivos le inhabilitan para el cargo?

Nunca había pasado que, ante un nombramiento, que son discrecionales, el fiscal general del Estado haya sufrido una anulación por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por desviación de poder, que es la utilización de potestades que una autoridad tiene para fines distintos de los que establece el ordenamiento jurídico.A nosotroseso nos parece sustancialmente muy grave porque la espina dorsal de Ministerio Fiscal es la defensa de la legalidad.Lo que no puede hacer es no actuar legalmente y eso es lo que le viene a decir el Tribunal Supremo.Si en algún momento el fiscal general del Estado estaba revestido de una dignidad en cuanto a jurista de reconocidoprestigio, en el momento en que actúa apartándose de la legalidad y siendo condenado por desviación de poder, nos parece un hecho muy significativo.

¿Por qué el Ministerio de Justicia no ha actuado al respecto?

Tal como se articula el Ministerio Fiscal en nuestra Constitución del 78, está dentro del Poder Judicial con autonomía funcional, es decir,funciona de forma autónoma de los tribunales.El fiscal general del Estado es nombrado por el Rey propuesta del Gobierno. Esa es la única intervención que debe tener el Ejecutivo. Me parecería contradictorio decir que queremos un Ministerio Fiscal independiente del Gobierno y le pidamos al Gobierno que ceseal fiscal general del Estado cuando no puede hacerlo. Yo creo que el fiscal general del Estado se encuentraen un callejón sin salida y solo debedimitir. Ya se lo hemos pedido varias veces

¿Y el Ejecutivo no puede intervenir?

El Estatuto reconoce al Ejecutivo otra facultad: puede cesarlo, apreciándolo el Consejo de Ministros, cuando entienda que el fiscal general del Estado incumple gravemente o reiteradamente su obligación.

¿No sería este el caso?

Eso no se ha dado nunca en nuestra historia. Tras la reforma de 2007, que es cuando se introduce un periodo de tiempo para el ejercicio de la función del Ministerio Fiscal, que son cinco años o hasta que cese al Gobierno, las causas se tasan en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La única posibilidad que queda abierta para que sea apreciada por el Gobierno es la que le acabo de decir. Pero es una situación muy delicada. No concibo que el fiscal general del Estado se exponga a que el Gobierno lo cese porque entienda que concurra una causa de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. Yo me pongo en su lugar: sé que me van a cesar por esa causa y lo primero que hago es dimitir.

El Supremo ha archivado una querella por el nombramiento de Delgado, ¿cree que esa actuación reviste algún tipo de delito?

Eso es una situación muy complicada. Prefiero no opinar sobre futuribles porque no lo sé. El 30 de abril está señalado para la deliberación y fallo por otro nombramiento, también de Dolores Delgado, en el que también podría ser condenado por desviación de poder. Está lloviendo sobre mojado. Yo prefiero no aventurar ningún juicio porque me parece una falta de respeto respecto a los fiscales alos tribunales que tendrán la última palabra. La prevaricación es dictar una resolución administrativa injusta a sabiendas de ello, es un delito bastante apreciable. Habrá que ver cuáles son los elementos que tenemos para poder aplicarlo o no. Pero no es fácil.

¿Por qué cree que propuso el ascenso de Delgado?

Lo dijo él. Él fue el que manifestó y por eso se anuló ese nombramiento por desviación de poder. Dijo que una persona que había encarnado la figura de fiscal general del Estado y no era fiscal de sala, inmediatamente se produce su cese tiene que ser fiscal de sala. Eso no está en nuestro ordenamiento jurídico.

García Ortiz asumió la responsabilidad sobre el comunicado en el que se revelaron conversaciones entre la defensa de la pareja de Díaz Ayuso y el fiscal que lleva la investigación en su contra, ¿se ha inculpado?

Creo que no. En el discurso que realiza en medio de una de una toma de posesión,observará usted que lo que dice es que él asume, como fiscal general del Estado, el trabajo de cualquier fiscal porque es la máxima responsabilidad dentro de la carrera fiscal. Pero el fiscal general del Estado no haaclarado si la orden partióo no partió de él. Eso no lo ha dicho. Lo que no puede es decir "yo me solidarizo con el trabajo que ha hecho la fiscal de Madrid”. Muy bien, pero ¿usted dio la orden o no dio la orden? Porque ese es undato muy, muy importante.

¿Tendrá esto consecuencias en su permanencia en el cargo?

No lo sé. Los términos en los que nosotros nos expresamos cuando se supo esta revelación fueron muy duros, el 14 de marzo. Entendíamos que era muy grave el hecho y que se había vulnerado el derecho a defensa, el sigilo que debe tener el fiscal en el desarrollo de su función y también se podría haber violentado el derecho de presunción de inocencia. Nos parecen hechos muy graves por parte del Ministerio Fiscal.

¿Qué diagnóstico hace de este momento que pasael Ministerio Fiscal?

La valoración la debe hacer la ciudadanía. Yo no creo que ahora mismo al Ministerio Fiscal nos vean como una institución independiente, profesional, seria, que actúe con rigor tal como se está desarrollando las cosas sobre todo de cara a otros operadores jurídicos. Casi preferiría que nos valorasen la ciudadanía u otros operadores jurídicos, pero me da la sensación de que nos estamos cayendo en picado.