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Patrimonio

El «Monumento a Franco» queda en manos de PP y CC

El Gobierno de Canarias tiene la última palabra para proteger la estatua que se ha pedido retirar por la Ley de Memoria Democrática

La obra de Ávalos, tras sufrir un ataque con pintura LR

El Cabildo de Tenerife (Coalición Canaria y PP), a través de la Dirección Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico, ha decidido delegar en el Gobierno de Canarias, también en manos de CC y PP, la decisión sobre si procede declarar Bien de Interés Cultural (BIC)la escultura de Juan de Ávalos en Santa Cruz de Tenerife.

La obra del artífice de las grandes obras del Valle de los Caídos lleva años como objeto de controversia entre quienes piden su retirada, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, y los que abogan por su permanencia, alegando razones artísticas.

En julio del año pasado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife condenó al Cabildo insular a incoar expediente para su conversión en BIC, al entender que el monumento «goza de valor artístico y cultural que lo hacen merecedor de dicha declaración».

El monumento es uno de los más de 70 símbolos considerados franquistas que se habían incluido en el catálogo de Santa Cruz –popularmente es conocido como «Monumento a Franco»–, aprobado en el anterior mandato (PSOE-Ciudadanos) y anulado por el actual Ejecutivo (CC-PP).

Aquel fallo venía a resolver el recurso interpuesto por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel contra la resolución del director de Coordinación y Apoyo al presidente, en sustitución del director de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular, con fecha del 9 de marzo de 2022.

Recurso de apelación

La entidad presentó un recurso de apelación que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), suspendiendo la decisión de la Corporación insular y estableciendo la protección cautelar de la escultura «en tanto se discute el fondo de la cuestión», es decir, su posible interés cultural.

La Corporación insular intentó mantener su decisión, por lo que presentó un recurso de casación, pero el Tribunal Supremo avaló el fallo del TSJC.

Ahora, una resolución del Cabildo, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, comunica que ha remitido el expediente de la declaración BIC al Ejecutivo canario «para, en su caso, considerar que dicha escultura es merecedora de su consideración como Bien de Interés Cultural».

En cuanto a «solicitud de dictámenes», explica el organismo insular que se han solicitado, «tanto a entidades previstas en la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, como a otras de reconocido prestigio con el fin de obtener un análisis histórico y tipológico lo más amplio y objetivo posible».

Exaltación de la dictadura

Su valoración es que «se observa una variedad de pronunciamientos, sin que sea posible obtener una conclusión unánime sobre los valores artísticos de la obra, por lo que existen dudas razonables sobre la concurrencia de los valores excepcionales que exige la legislación para que pueda ser merecedora» de tal consideración».

No escapa a la administración la referencia en los distintos escritos «a las implicaciones» de la Ley de Memoria Democrática en esta obra escultórica, y si bien, por un lado, se alude a la supuesta «exaltación de la sublevación militar y de la dictadura» y sus consecuencias, los valedores del monumento apuntan que «lo previsto» en la norma [«retirarlos o eliminarlos»]«no será de aplicación cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley», como es el caso, defienden, de la obra de Ávalos en Tenerife. Ahora, según el criterio del Cabildo, «deberá ser la Comunidad Autónoma de Canarias la que, previo los trámites oportunos, adopte la decisión que proceda».