La asociación mayoritaria de la carrera judicial considera "inasumible" la reforma del acceso a la judicatura que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez. En una carta dirigida ayer mismo a sus afiliados, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) avanza que ya está elaborando un informe "para trasladar al Ministerio de Justicia nuestra postura" de oposición a ese anteproyecto de ley y pide a jueces y magistrados que le remitan sus "aportaciones" para incluirlas en ese dictamen.

En la misiva, el Comité Ejecutivo de la APM advierte a la carrera judicial de que "nos jugamos mucho como sociedad democrática y como carrera judicial, desde el juez de nuevo ingreso hasta el magistrado más antiguo en el escalafón".

Para la principal asociación judicial, el anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica Ley Orgánica del Poder Judicial para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial "pretende abordar una transformación sin precedentes de la carrera judicial, estabilizando a los jueces sustitutos y magistrados suplentes, estableciendo un traslado forzoso para magistrados recién ascendidos, modificando el sistema de elección de los miembros electos de las salas de gobierno o permitiendo la entrada en la comisión

de ética judicial de miembros nombrados por las Cortes Generales".

El anteproyecto -que impulsa el sistema de becas para los opositores con menos recursos que no pueden afrontar una preparación de cuatro o cinco años sin sustento económico- abre la puerta a incorporar a la judicatura a los jueces sustitutos –según los últimos datos, 913 frente a los 5.416 magistrados en activo, lo que supone un 16,86% de la carrera– mediante un concurso-oposición similar al que deben concurrir los juristas de reconocido prestigio. En cuanto a estos últimos (que por ley deberían ser una cuarta parte de la carrera), se establece que las convocatorias sean anuales y simultáneas con las de la oposición libre. Además, obliga a ofertar un número de plazas «que no podrá ser inferior al equivalente a un tercio de las ofertadas para el acceso por el turno libre».

Según señala en su exposición de motivos el anteproyecto -que ha sido rechazado por tres de las cuatro asociaciones judiciales- la primera finalidad que persigue es "potenciar la excelencia de las personas que accedan a las carreras judicial y fiscal, profundizando en el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a estos cargos, en la adecuación de los procedimientos de acceso a la realidad social y académica, y en la acomodación del número de jueces a las necesidades del país". Para así, añade, "poner fin a la excesiva temporalidad en el sector de la denominada justicia interina. Y respecto a los jueces sustitutos y suplentes, elimina la incompatibilidad para el ejercicio de otras profesiones durante el tiempo que no son llamados para el ejercicio del cargo.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ya puso también de manifiesto su oposición a la reforma. Su portavoz, Sergio Oliva, manifestó que el anteproyecto constata "la desconfianza que el Poder Ejecutivo tiene respecto de los jueces". Y aunque admitía que "hay luces en la reforma, como el mantenimiento de un sistema de becas para facilitar el acceso a la carrera judicial a aquellas personas que carezcan de recursos" o la obligación de grabar los exámenes orales, "son muchas las sombras que arroja esta ambiciosa reforma", añadía.

La AJFV ha dejado claro que se opone a la implantación de cualquier sistema de acceso a la carrera judicial que pueda cuestionar los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Al mismo tiempo, mantiene que no es "constitucionalmente viable" llevar a cabo un proceso de estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos "que obvie el nivel de exigencia actualmente existente en los métodos actuales de ingreso a la carrera judicial, lo que correlativamente supondría un perjuicio irreparable para los miles de opositores".