Del nuevo CGPJ a la huelga de funcionarios: retos en Justicia tras el 23-J

El futuro inquilino de La Moncloa que salga de las urnas tras las elecciones generales tendrá que afrontar una situación insólita en el terreno judicial: la crisis institucional que supone que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleve cuatro años y medio en funciones por la falta de acuerdo entre PSOE y PP. El relevo en el órgano de gobierno de los jueces –que incluso forzó la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del propio Consejo, Carlos Lesmes, hastiado por la situación de bloqueo político– resulta inaplazable y sea quien sea quien lleve las riendas del país a partir del 23-J la elección de un nuevo Consejo deberá estar entre sus principales prioridades.

Pero esa renovación largamente aplazada no podrá hacerse de espaldas a Europa, que insistentemente –con visitas a España incluidas tanto de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová como del comisario de Justicia, Didier Reynders– ha reclamado a nuestro país un cambio en el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, otorgando mayor protagonismo a los jueces, en consonancia con los estándares europeos de independencia y autonomía del poder judicial. Algo en lo que todas la asociaciones judiciales están de acuerdo aunque difieran en el orden de prioridades: renovación del CGPJ y modificación legal (para que sean los propios jueces quienes elijan directamente a los doce vocales de procedencia judicial) o a la inversa.

Ese constante tira y afloja entre el Gobierno y el PP por la renovación del Consejo, que ahonda en la imagen de politización de la institución como expresión del sempiterno intercambio de cromos entre el Gobierno y la oposición, ha dejado además graves secuelas ante las que el futuro Ejecutivo no podrá permanecer impasible.

Colapso en los nombramientos judiciales

La más relevante, la reforma legal que desde marzo del pasado año impide al CGPJ realizar nombramientos discrecionales mientras se encuentra en funciones. Tras amagar con rebajar las mayorías exigidas legalmente para renovar el CGPJ (ahora de 3/5, en beneficio del consenso político), una iniciativa que fue frenada por Europa, PSOE y Podemos apadrinaron esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para situar al PP ante un callejón sin salida en el que no pudiera eludir la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero, a la postre, no sirvió para desbloquear la negociación y la acumulación de vacantes sin cubrir en la cúpula judicial (que serán casi 90 a final de año) han situado al Tribunal Supremo (con casi el 30% de sus plazas vacantes) en una delicada situación que el propio Lesmes no dudó en calificar de «estropicio». Con especial incidencia en la Sala de lo Contencioso, abrumada por los centenares de recursos que han llegado al alto tribunal a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Desde la Comisión Europea, no obstante, no solo se ha instado a las autoridades españolas a modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ sino, también, a introducir cambios en la regulación del Ministerio Fiscal para desligar el mandato del fiscal general del Estado del Gobierno de turno (el máximo representante de la Fiscalía cesa con el Ejecutivo y, por tanto, con cada relevo en Moncloa se elige a un nuevo fiscal general).

En la actualidad, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general se despide del cargo «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto», una disposición que a la Comisión Europea –así lo ha constatado recientemente en sus informes sobre la situación del Estado de derecho en nuestro país– le genera «preocupación» en la medida en que aleja a la institución de los estándares comunitarios de independencia y autonomía, de nuevo en el disparadero tras la elección in extremis de la exministra Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática con las Cortes ya disueltas y en contra de la mayoría del Consejo Fiscal.

Ataques al poder judicial

Más allá del CGPJ y de la Fiscalía, el futuro Gobierno tendrá que pasar página a una Legislatura en la que se han sucedido los ataques al poder judicial, incluso desde las filas del Ejecutivo de coalición, una situación que llevó a varios vocales del Consejo a quejarse a la Comisión Europea de las «sistemáticas» manifestaciones «de grave menosprecio» de dirigentes de Podemos al poder judicial desde enero de 2020, señalando directamente al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, a ministras como Irene Montero o Ione Belarra, y a su portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Una ofensiva dialéctica que, se quejaban, contribuye a poner en entredicho el «prestigio» de los jueces y tribunales ante la ciudadanía.

Otro conflicto abierto enturbia las aguas de la Administración de Justicia: la huelga que los funcionarios mantienen de forma indefinida desde el pasado 22 de mayo, que ha obligado a aplazar más de un millón juicios y varios millones de actuaciones judiciales. Tras sellar acuerdos de mejoras retributivas con los secretarios judiciales y jueces y fiscales, el Ministerio de Justicia ha encallado en la negociación con los funcionarios, que reclaman también un aumento de sus salarios. Pero tras el adelanto electoral, el departamento que dirige Pilar Llop no parece dispuesto a comprometer un nuevo desembolso económico de las arcas públicas hasta pasadas las elecciones del 23 de julio, una negativa que ha llevado a los sindicatos convocantes de los paros –CSIF, STAJ, UGT y Comisiones Obreras– a denunciar a Llop ante la Fiscalía mientras amagan con acudir también a los tribunales.

El adelanto electoral también ha dejado en suspenso los proyectos legislativos del Gobierno de Pedro Sánchez en pos de una mejora en la eficiencia organizativa y procesal en la Administración de Justicia, una tramitación parlamentaria que queda ahora en manos del futuro Ejecutivo. Como también la necesaria actualización de la planta judicial, que ahora mismo sitúa a nuestro país por debajo de la media europea en número de jueces por cada 100.000 habitantes (11,2 frente a 17,6). Una radiografía que empeorará en los próximos años a consecuencia del aumento de la litigiosidad (en 2022 creció un 6%) y de las progresivas jubilaciones de la generación del «baby boom» (nacida a finales de los años 50 y durante la década de los 60 del pasado siglo), que según las asociaciones judiciales supondrán el adiós a la toga de hasta un 30 por ciento de la carrera. De hecho, el CGPJ reclamó recientemente la creación de 300 plazas anuales hasta 2032 para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.