Piden ocho años de cárcel para la exalcaldesa del PSOE en Móstoles por trocear contratos públicos

La acusación particular reclama ya para la exalcaldesa del PSOE en Móstoles Noelia Posse una pena de ocho años de prisión por haber supuestamente troceado contratos públicos para la reforma de centros educativos de la localidad madrileña.

Las adjudicaciones fueron concedidas a una serie de empresas en la época en que la socialista ejercía como edil de Medio Ambiente en el consistorio mostoleño.

El que fue uno de sus denunciantes, Sergio del Sol, antiguo director municipal de Hacienda -que ejerce la acusación- pide que se siente ante el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y sea sentenciada también a 30 años de inhabilitación, además de que devuelva la suma que habría malversado.

Exige la misma condena para la otra procesada, Ángela Cortizas, que era jefa de servicio de mantenimiento cuando se firmaron las adjudicaciones.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se expone que la instrucción ahora llevada a cabo ha señalado a Posse y a Cortizas como las únicas responsables de que se adjudicasen las actuaciones en los colegios públicos a través de ochos adjudicaciones menores distintas. "Queda aislado en estas dos personas la voluntad, disposición y determinación".

Sobre los contratos objeto de estas presuntas irregularidades se expone que: "De forma individualizada no superaban la cuantía de 50.000 euros (máximo para un contrato menor), pero la suma de todos ellos asciende a 384.956 euros".

La acusación niega, en este sentido, la versión de la defensa de la dirigente socialista madrileña de que no puede ser responsable porque no conocía los trámites de contratación pública.

La acusación recuerda que Posse "era funcionaria" del Ayuntamiento, "al que accedió por oposición, y por tanto conocía o debía conocer los métodos de contratación y sus limitaciones, más aún cuando contaba con una dilatada experiencia como concejala en la oposición".

La opinión de los expertos

Del Sol saca a relucir los sendos informes que emitieron tanto la Intervención General del Estado (IGAE) como el propio interventor del Ayuntamiento de Móstoles.

En primer lugar, recuerda que IGAE confirmó que "el objeto de todos los contratos analizados es el mismo, ejecutándose las obras en el mismo espacio temporal, no dejando de ser obras en colegios". Por todo ello, este análisis forense entendió que "debería haberse acudido a una licitación única, por el procedimiento ordinario" y no por la vía de los contratos menores.

El interventor municipal, por su parte, detectó, cuando llegó a sus manos el expediente de las obras, que el procedimiento por el que fueron tramitadas "no ha sido el correcto". Tras "advertirlo", ratificó que ni Posse ni Cortizas llevaron a cabo "ningún acto administrativo para revocar o anular el expediente".