Los cuatro frentes judiciales de la exalcaldesa del PSOE en Móstoles

Noelia Posse, que comparte apellido con el fundador de su partido, el PSOE, sigue sentada en el pleno del Ayuntamiento de Móstoles, aunque ya no como alcaldesa desde junio de 2023. La portavoz socialista se enfrenta cuatro frentes judiciales sobre supuestos actos de corrupción en que habría incurrido cuando tocó poder.

"Caso ITV"

Posse está a la espera de sentarse en el banquillo acusada de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El objeto de la causa es esclarecer si provocó un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles con la decisión de condonar la deuda y permitir su pago fraccionado a una empresa que se encargaba de la revisión técnica de vehículos. Esta maniobra se hizo con la oposición del secretario y del interventor municipal.

Móstoles SL alquiló en 2011 una parcela en el Parque Tecnológico de la localidad y, tras los primeros años, dejó de pagar el canon anual de 133.000 euros, con lo que lo adeudado se acumuló hasta llegar a los 2.400.000 millones de euros.

A la exregidora le acompañarán en el juicio como acusados ocho de sus ediles del PSM. Desde su entorno político defienden que se trata de un caso que nació tras una «querella política». Sin embargo, la Fiscalía solicita para todos ellos la pena de 12 años de inhabilitación para ser cargo público.

Las reformas en los colegios

El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles está pendiente de decidir si abre juicio oral por prevaricación administrativa a Posse y la que fuera responsable de mantenimiento, Ángeles Cortizas, por supuestamente haber «trozeado» contratos para la reforma de varios colegios públicos de la ciudad.

Las presuntas irregularidades se remontan a cuando, antes de asumir el bastón de mando, era edil de Medio Ambiente. Un interventor, también esta vez, le advirtió de que sus planes eran «una forma de eludir la ley», pero ella salió del despacho dando un «portazo» y diciéndole que esa era «simplemente, su opinión».

Siguió adelante vinculando cada obra con «un contrato» menor para cada colegio, una forma de actuar que prohíbe expresamente la ley de contratación pública. Así lo confirmó también una interventora del Estado (IGAE), que en un informe apuntó a que se debería haber hecho «una licitación única, por los procedimientos ordinarios».

Contratos de comunicación

La aún edil socialista declaró en esta pieza separada el pasado 18 de marzo por los delitos de malversación y prevaricación en los que se investiga si incurrió con un nuevo presunto fraccionamiento de contratos de servicios de comunicación prestados al Ayuntamiento de Móstoles por distintas compañías, que están relacionadas entre sí.

Dos antiguos trabajadores del área de Hacienda fueron los que denunciaron que existían indicios de que habría duplicidades en estas contrataciones, que siempre iban a las mismas empresas.

En este sentido, el fraccionamiento habría sido útil para asegurar el destino de las adjudicaciones al poder ahorrarse las limitaciones de licitación y publicidad que impone la vía de contratación no menor.

A modo de ejemplo de las prácticas investigadas, en el sumario, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, figura el testimonio clave de una empresaria, que prestó alguno de estos servicios de prensa al Ayuntamiento.

La administradora de Social Media SL desveló a los agentes que el empresario Alberto Gasco, también investigado, le pidió que emitiese con su mercantil una factura al consistorio madrileño de entre 1.000 y 2.000 euros con el concepto «buzoneo».

Se lo reclamó «como un favor» porque «él no podía hacerlo» con su empresa, a la que pagó más de 20.000 euros el Ayuntamiento de Posse por labores de comunicación.

Esta mujer confesó que se hizo sin que nunca se prestase realmente un encargo que sí pagaron las arcas públicas. Gasco le expidió una factura a su empresa para cobrar él por los trabajos y le dejó un margen de 100 euros a la empresaria para que –según su declaración– ganase «algo» ella también.

El material deportivo

En la última de las piezas separadas se pone el foco, de nuevo, en una serie de contratos menores concedidos por la administración local a la empresa MaxSport SA para que hacerse con vestuario y máquinas deportivas.

Se investiga si hubo una vulneración de los principios de publicidad y concurrencia en procesos en que el resto de compañías candidatas no respondieron a la oferta, no se dedicaban al sector o, incluso, tenían su sede social en la misma dirección que MaxSport.