"Timo" a los agentes

La Policía Nacional tuvo que asumir los 620.000 euros que costó la crisis de inmigrantes en Barajas

El pago salió de las arcas de los propios agentes: "Es alucinante que para esto sí haya dinero"

Imagen de una de las salas donde esperan los inmigrantes en el aeropuerto de Barajas.
Imagen de una de las salas donde esperan los inmigrantes en el aeropuerto de Barajas.La Razón

El pasado 27 de febrero, el Consejo de Ministros hacía una escueta referencia a un pago de 620.000 euros para solventar la grave crisis de inmigrantes vivida en el aeropuerto de Barajas entre diciembre de 2023 y enero de 2024. En concreto, el resumen emitido por Moncloa especificaba: "Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios y suministros necesarios para atender a las personas solicitantes de protección internacional que se encuentran alojados en las salas de asilo aeroportuarias de Madrid- Barajas, por un importe máximo de 620.000 euros".

Lo que no explicaba dicha referencia es que ese pago salió de las arcas de la Policía Nacional. A saber: hasta 330.000 euros para alimentación, 70.000 para limpieza, 60.000 en suministros, otros 60.000 para compra de mobiliario y 100.000 para arrendamientos. Ni el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ni el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de José Luis Escrivá, asumieron ese coste, tal y como denuncian desde la Confederación Española de Policía. "Ha sido nuestro Cuerpo el que ha tenido que pagar las necesidades de alimentación, limpieza o literas generadas por esa crisis de peticiones de asilo, con cientos de solicitantes en dos meses", denuncian.

Hay que señalar que este tope de gasto fue autorizado por la Dirección General de la Policía (DGP) en enero y, posteriormente, convalidado por el Consejo de Ministros en febrero, cuando ya se había alcanzado el límite de las salas de asilo del aeropuerto y habían abierto una tercera (para 80 mujeres y niños) y una cuarta (para 180 personas más).

Desde la CEP apuntan que, al margen de que los agentes hagan su trabajo con "humanidad", lo que hay que tener claro es que la Policía Nacional no puede convertirse en "el organismo que paga los gastos provocados por una crisis de asilos en un aeropuerto". Más si cabe cuando esos 620.000 euros "equivalen al coste de la turnicidad de un mes de 5.166 compañeros, o a las dietas completas de un día de 8.038 policías, o al 5,5% del total del presupuesto de Acción Social de todo el Cuerpo". En definitiva, señalan, "es alucinante que para esto sí haya dinero".

A su juicio, esta es la enésima falta de respeto de Interior y son "ya tantas y tan reiteradas", que desde la Confederación Española de la Policía mantienen su negativa a asistir a las reuniones convocadas por la DGP. "Quieren enredar a los policías con mesas de trabajo que nunca llegan a nada, que se reúnen una y otra vez. Y mientras, seguimos sin jubilación digna, sin ser profesión de riesgo, con dietas miserables y sin mejoras salariales. Que no cuenten con nosotros para blanquear esa estrategia", concluyen.

Hacinamiento, chinches y fugas

A finales de 2023, las salas de asilo del aeropuerto de Barajas comenzaron a colapsarse. El principal motivo fue el incremento de llegadas de ciudadanos marroquíes, procedentes de vuelos de Casablanca. Antes de pisar suelo español, se deshacían de su documentación para pedir asilo en España haciéndose pasar por ciudadanos de países en conflicto. Si bien esta práctica no es nueva, entre diciembre de 2023 y enero de 2024 se disparó, colapsando el sistema de petición de protección internacional en frontera.

Y así llegó el hacinamiento en las salas de espera. Empezaron a salir a la luz imágenes que mostraban la vergonzosa situación en las estancias donde los migrantes esperaban mientras se tramitaban sus peticiones. Y también llegaron las chinches, las cucarachas, más hacinamiento, fugas de las salas de asilo... Lo que no llegaba era una reacción por parte de Interior y el Ejecutivo, lo que alargó y agravó el problema. Entrados ya en febrero, el Gobierno movió ficha y solicitó a Marruecos que vetase el embarque en vuelos comerciales con escala en nuestro país a los viajeros con pasaporte de Senegal que no tuviesen visado Schengen.