"Caso ERE"
El TC prevé admitir el recurso de Griñán contra su condena la semana del 28-M
Fuentes del tribunal consideran un "escándalo" que se aborde un asunto de tanto calado político a seis días de las elecciones
El Tribunal Constitucional (TC) debatirá a solo seis días de las elecciones del 28-M la admisión a trámite del recurso de amparo del expresidente andaluz José Antonio Griñán contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó por el "caso de los ERE", con dos votos en contra, a seis años de prisión por prevaricación y malversación.
Así consta en el orden del día de la reunión de la Sala Segunda del tribunal de garantías convocada para el próximo día 22, cuando el TC también se pronunciará sobre los recursos interpuestos por el igualmente expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación, la exministra Magdalena Álvarez y el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández.
En todos estos casos, la ponente de esas resoluciones será la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán. Y es que todos los recursos presentados por los condenados por el Supremo se han acumulado, en aplicación de la doctrina del tribunal, al primero en presentarse, el que formalizó la defensa de Magdalena Álvarez.
Según fuentes del tribunal, la ponente se inclinará por la admisión a trámite de los recursos, sobre los que en todo caso seguramente termine pronunciándose el Pleno del TC, de mayoría progresista.
"Declaración de guerra" al Supremo
Esas mismas fuentes consideran "un escándalo" que el Constitucional se pronuncie sobre un asunto de tanto calado político en la misma semana de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, e incluso califican de "declaración de guerra al Tribunal Supremo" la admisión de los recursos sobre una posible vulneración de derechos fundamentales esgrimida por los recurrentes.
Del mismo modo, aseguran que la admisión del recurso de amparo de Griñán es un "mensaje inequívoco" a la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó en primera instancia al expresidente andaluz, una resolución ratificada después por el alto tribunal, de que "se abstenga de ordenar su ingreso en prisión" en ejecución de la sentencia.
Y es que con posterioridad a la admisión a trámite el TC tendrá que decidir si suspende cautelarmente el ingreso en la cárcel de Griñán -en la actualidad suspendido por motivos de salud, pues se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia- mientras se resuelve el recurso de amparo.
El TC puede suspender cautelarmente la pena para evitar un perjuicio irreparable en caso de que finalmente apreciara una posible vulneración de derechos fundamentales. Pero normalmente no acuerda esa medida cuando las penas de prisión son superiores a cinco años (aunque ha habido excepciones, pues el tribunal ha dejado claro que no se trata de "una barrera infranqueable"). Al expresidente andaluz le quedaría no obstante otra vía: el indulto del Gobierno.
La línea roja: cinco años de cárcel
¿Por qué esa línea roja de cinco años de prisión? Porque es la que separa en la legislación penal las penas graves de las menos graves. En todo caso, al margen de la gravedad de la pena también se pondera la gravedad de los hechos enjuiciados, su trascendencia social y el tiempo que reste de cumplimiento (Griñán no ha cumplido prisión provisional, por lo que le queda por cumplir la totalidad de la pena). Del mismo modo, el tribunal valora si hay riesgo de fuga y si las víctimas del delito pueden quedar desprotegidas si se mantiene en libertad al condenado.
Pero para el tribunal de garantías la regla general es "la improcedencia" de la suspensión, pues según ha puesto de manifiesto en diversas sentencias supone "una perturbación de la función jurisdiccional que comprende la potestad de hacer ejecutar lo juzgado".
Precedentes hay en uno y otro sentido. En 2019, el TC ni siquiera admitió a trámite la demanda de amparo de Iñaki Urdangarín, condenado a cinco años y diez meses por el "caso Nóos". Cuatro años antes, el TC desestimó el amparo que instó Isabel Pantoja (por lo que no llegó siquiera a valorar la suspensión de la pena), tras ser condenada a dos años de cárcel por blanqueo.
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