El PSOE acusa a los jueces que juzgan a sus socios

El PSOE comienza a ser consciente de lo difícil que será mantener la legislatura mientras dependa de unos socios juzgados en el presente por sus actos en el pasado para conseguir la independencia. Así, en privado, hay sensación de desesperación y hartazgo ante el camino que se abre, de preocupación ante las dificultades que tendrán que salvar para continuar gobernando, pero también de malestar contra lo que entienden que es un intento por parte de la judicatura de condicionar sus pasos con sus socios, de interferir en la vida política, según sostienen en el PSOE.

Así, el PSOE interpreta que los recientes autos de la Justicia –en el marco del «caso Voloh» y el «Tsunami Democràtic» que analizan la implicación del expresident fugado en el referéndum del 1-O y sus protestas– buscan un «interés claro». Fuentes del partido muestran su preocupación por las decisiones de ambos jueces al coincidir con la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía e incluso señalan su oportunidad de dar a conocer sus decisiones judiciales con el momento político que vivimos.

«Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con el tiempo legislativo», reflexionan fuentes de la cúpula del PSOE. «Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez también la mueve» se sinceran estas voces que tachan de «terrible» la posibilidad de que haya decisiones judiciales que se toman «al albur» de los pactos políticos en el Congreso de los Diputados, en referencia a la ley de amnistía que será tramitada hoy. «Lo que hacen tiene su influencia en lo que pasa en el Congreso».

Estas reflexiones llegan justo en el momento en el que se conoce la reactivación de la causa en la que se investigan los lazos del expresident de Cataluña, Carles Puigdemont, con Rusia, en el marco del «caso Voloh», como sucedió este lunes. Según el juez, había actores extranjeros dispuestos a «apoyar económicamente y militarmente» la independencia de Cataluña. De esta manera, según el juez instructor Joaquín Aguirre, el expresident catalán no podría acogerse a la ley de amnistía que cocina el Congreso de los Diputados.

También después de que el juez García Castellón imputara al líder de Junts, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y otras diez personas en la causa que investiga por delitos de terrorismo a la plataforma «Tsunami Democràtic». Precisamente, la pasada semana, un día después de que el PSOE y Junts pactaran excluir el terrorismo de la ley de amnistía, el magistrado de la Audiencia Nacional abrió la puerta a dejar a Puigdemont fuera de la ley de amnistía. Según dictaminó en su auto había «graves» agresiones a varios agentes durante las protestas del procés «incompatibles» con el derecho a la vida e integridad física.

Unas críticas a la Justicia que, si bien, se transmiten en privado, se alinean con el posicionamiento mostrado hace dos semanas por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, abriendo una batalla contra el Poder Judicial, al insinuar que el juez García Castellón tiene «querencia por pronunciarse en una misma dirección». En público, sin embargo, el PSOE no hace esas críticas. La portavoz socialista, Esther Peña, se limitó a asegurar que su partido «respeta» al Poder Judicial, aunque hay decisiones que «gustan más» y otras que «gustan menos».

En el PSOE se desmarcan de la petición del juez García Castellón de pedir la imputación de Puigdemont por terrorismo, después de haber diferenciado en la ley de amnistía el terrorismo leve –en el que creen que podría estar implicado Puigdemont– del grave –el de ETA–. «El independentismo utilizó estrategias reprobables, pero no es terrorismo», aseguró la portavoz del partido en Ferraz. «Sabemos muy bien lo que es terrorismo». «Nadie que no quiera utilizar de nuevo el terrorismo para ganar relevancia política puede decir algo así sobre lo que ocurrió en Cataluña en 2017», dijo. En Ferraz insisten en que el terrorismo está tipificado en el Código Penal y es por ello que desmarcan a sus socios de ese delito. Lo usan, además, para atacar al PP. «Habría que preguntarle a Alberto Núñez Feijóo si lo que pasó en Ferraz también es terrorismo» al haber disturbios y policías heridos. «Ni siquiera lo que sucede en Ferraz o pasó en Gamonal, no está tipificado así», se defienden en el partido de Pedro Sánchez.