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Congreso

Junts y PSOE salvan la ley para el embargo de armas a Israel

A pesar del apoyo, plantean dudas sobre la iniciativa de Sumar

La reforma legislativa impulsada por Sumar para el embargo de armas a Israel ha superado este martes la primera fase parlamentaria: los de Yolanda Díaz han conseguido concitar una mayoría en el Congreso para que la ley siga adelante. No obstante, vistas las señales enviadas por PSOE y Junts, que son determinantes para la aprobación definitiva, se antoja complicado que la ley llegue a publicarse en el BOE. En Sumar son conscientes de la complicación que va a haber, pero van a apostar hasta el final de la legislatura. La iniciativa ha recibido el apoyo de 176 diputados y el rechazo de 171.

En este sentido, tanto desde la parte socialista como posconvergente aluden a que ya hay normativa europea regulando el comercio de armas, por lo que alertan contra un "aquelarre partidista y demagógico" de Sumar. Lo cierto es que el conflicto israelí sigue siendo un factor electoral importante para la izquierda y en Cataluña y, por ello, ambas formaciones, pese a tener reticencias sobre la ley, dan la oportunidad a Sumar de tramitarla. A partir de ahora queda toda la fase de enmiendas que se negociarán en Comisión y ahí es donde suelen aparecer los problemas para llegar a acuerdos y donde la iniciativa está condenada al bloqueo por las diferencias que hay.

En concreto, la ley impulsada por Sumar es una reforma de la Ley aprobada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso: ahora se quiere añadir la regulación de la figura del embargo. Para ello, en el artículo 15 de la ley, se pretende regular el embargo, que se va a declarar a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un Tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España, como ocurre con Israel. De ser así, la Secretaría de Estado de Comercio dictará una resolución declarando formalmente la aplicación del embargo en el plazo de 15 días naturales a contar desde la fecha en la que haya tenido conocimiento de la demanda ante el Tribunal competente.

Los socialistas han dado el "sí" porque no podían negarse en un momento políticamente complicado, en el que Sánchez ha decidido reactivar la causa contra Benjamin Netanyahu por la masacre en Gaza. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario imponen cierta prudencia y recuerdan que estamos ante una mera toma en consideración de la iniciativa. Un paso muy inicial dentro de la tramitación parlamentaria y que, a medida que avance, si llegara a hacerlo, habrá que ir perfilando el proyecto para que no genere conflicto ni contradicción. "Nos movemos en una escala de grises".

En Moncloa recuerdan que España está sometida a la normativa europea y que cualquier paso que se dé debe hacerse de manera colegiada con los socios y no de forma unilateral en una ley que afecte a acuerdos y tratados internacionales. "Habrá que estudiar las dificultades técnicas en las podemos vernos implicados", reseñan. En este punto, entienden que se avanza en lo que es un "compromiso político", pero que luego hay que estudiar como se aterriza en lo concreto. "Si hay alguna ley que entre en conflicto, por ejemplo", aseguran las citadas fuentes, que apuntan inmediatamente: "Podemos querer hacer algo y no poder hacerlo". Y esto, porque hasta ahora el Ministerio de Economía había informado de manera desfavorable a la proposición de ley que se vota esta tarde en el Congreso. Un dictamen que el PSOE, como partido, se salta en su apoyo a la iniciativa.

Por su parte, desde Junts, el diputado Isidre Gavin se ha encargado de defender la postura del partido y ha avisado a Sumar. "No vamos a prestarnos a un aquelarre partidista y demagógico porque es un debate lleno de contradicciones", ha señalado, apuntando a que no "tanto entusiasmo" en el embargo de armas a Irán o Marruecos, que "ha sometido a la población saharaui". De esta manera, en Junts quieren quitar el foco de Israel, un país con el que Convergència siempre ha mantenido lazos, y justificar el apoyo por "coherencia" con su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. "No queremos que se use esta iniciativa como arma política", advierten desde las filas posconvergentes.