Carles Puigdemont quiere apartar a varios magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de la decisión sobre la negativa del Tribunal Supremo (TS) a aplicarle la amnistía y la suspensión cautelarísima de su orden de detención y prisión a día de hoy en vigor. Según las fuentes consultadas, el expresidente de la Generalitat tiene previsto recusar en septiembre al menos a dos jueces de la corte de garantías, con los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías (este último ya ha sido recusado por la Abogacía del Estado en la petición de amparo de Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa) en el punto de mira.

Pero según esas mismas fuentes, no tiene previsto recusar ni a Juan Carlos Campo (quien como ministro de Justicia se pronunció en contra de la amnistía en la tramitación de los indultos a los condenados del «procés») –a quien, a diferencia de lo que ha hecho con Macías por firmar un informe contra la amnistía como vocal del CGPJ, tampoco pretende dejar fuera de la decisión la Abogacía del Estado– ni al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido (que sí se apartó en 2021 de la tramitación de los recursos de amparo del «procés»).

Una vez el TC decidió avocar al Pleno el recurso de amparo del líder independentista y aparcar hasta septiembre su requerimiento de suspensión urgente de la orden de prisión que mantiene vigente el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la tramitación de la demanda de Puigdemont se retrasará inevitablemente al abrir los correspondientes incidentes de recusación. Una iniciativa que obligará al Pleno, de mayoría progresista, a decidir si están justificados los argumentos de la defensa del expresident para cuestionar la imparcialidad de los magistrados recusados.

Conde-Pumpido, también recusado

Pero al margen del paso al frente de Carles Puigdemont, Vox ya solicitó que Conde-Pumpido, a quien atribuye una «identificación» con los postulados del PSOE, sea apartado de todos los recursos de amparo interpuestos por los condenados o procesados en rebeldía a quienes el Supremo se niega a amnistiar el delito de malversación. Una postura que impide a Puigdemont regresar a España si no quiere terminar en prisión y que mantiene inhabilitado hasta 2031 a Oriol Junqueras, quien por tanto no puede presentarse como candidato a unas elecciones hasta pasada esa fecha.

Y dado que se espera que la Abogacía del Estado también recuse a Macías en el amparo de Puigdemont, lo cierto es que por una razón o por otra el Pleno deberá pronunciarse sobre todas estas cuestiones antes de dirimir si deja en suspenso la orden de detención del juez Llarena contra el líder de Junts, algo que en todo caso no afrontará por la vía cautelarísima sino por la cautelar, abriendo un trámite de alegaciones para las partes del proceso que también contribuirá a retrasar aún más el momento de abordar el espinoso asunto.

Y es que si finalmente el TC dejara sin efecto esa orden nacional de arresto y prisión, la decisión supondría un nuevo choque institucional con el Tribunal Supremo tras la tensión vivida por la anulación de las condenas por el fraude de los ERE, que a la espera de lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), obliga a la Audiencia Provincial de Sevilla a descafeinar, entre otras, las condenas a los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

El exministro Campo no se ha apartado

El Pleno ya rechazó la recusación de Macías planteada por el exconseller Jordi Turull (el primer recurso de amparo de los condenados del «procés» que llegó al TC), pero lo hizo por una cuestión meramente formal (la consideró extemporánea por haberse presentado fuera de plazo) por lo que ese posicionamiento no garantiza que el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) participe finalmente en la deliberación sobre los amparos de la amnistía.

Ni Macías ni el exministro Campo –que no participaron del debate sobre la Ley de Amnistía, el segundo por decisión propia– se han abstenido en el caso de los amparos ni tienen intención de hacerlo, pues defienden que en este caso no se discute la constitucionalidad de la polémica ley, sino si la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación del «procés» vulnera derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

En cuanto a Conde-Pumpido, que se apartó de los recursos del «procés» tras ser recusado por haberse pronunciado públicamente en contra del desafío soberanista en Cataluña, el presidente del Tribunal Constitucional esgrime que el objeto de aquellos es distinto del de los amparos, al tener estos por objeto una ley, la de amnistía, que en 2021 ni siquiera existía.

Sea cual sea el número de magistrados que finalmente compongan el Pleno que debatirá los amparos –el primero en abordarse será el presentado por Jordi Turull, en el que precisamente es Macías el encargado de redactar la ponencia– no es previsible que se resuelvan antes de final de año (antes, eso sí, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre las medidas cautelares).

Es entonces cuando expira el mandato de Conde-Pumpido y de los otros tres magistrados designados por el Senado, un relevo que parece que se prolongará varios meses más ante la dificultad de un acuerdo entre PSOE y PP.