Puigdemont usa el decreto ómnibus contra el Supremo

Por la puerta de atrás, fuera de la ley de amnistía, aprovechando la tramitación del Real Decreto Ley 6/2023, ómnibus, como proyecto de ley, se han presentado varias enmiendas que, por su contenido, apuntan a que forman parte del pacto entre el PSOE y Junts para anular todas las consecuencias penales a los procesados o condenados por el referéndum ilegal de independencia de 2017.

En una de estas enmiendas de última hora, y registradas de tapadillo para intentar que pasen por alto al estar fuera de la ley de amnistía, Juntspide la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (efecto suspensivo de la cuestión prejudicial europea) y del 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (suspensión de función o cargo público por imputación de pertenencia a banda armada, terrorista o de rebeldes). El PNV también ha pedido la supresión del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El análisis político de este movimiento lleva a interpretar que el objetivo es intentar limitar aún más el margen de maniobra del Tribunal Supremo (TS), y, en paralelo, blindar la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas y su reinserción a la política una vez que la amnistía se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes jurídicas apuntan que la eliminación del efecto suspensivo de la cuestión prejudicial es completamente inefectiva porque tal efecto está previsto en los tratados comunitarios, pero si el Supremo suspende la ley por aplicación directa de los tratados facilitará la polémica jurídica y política.

El PNV apoya con otra enmienda la reforma de Junts a la Ley de Enjuiciamiento Civil

En cuanto a la suspensión de cargo público cuando se produce un procesamiento por terrorismo, la interpretación jurídica es que busca que el cargo de Puigdemont no quede en manos del Supremo –y más cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede dictaminar, en meses, que el terrorismo no está cubierto por la amnistía.

En concreto, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la suspensión de la función o cargo público que ostenta la persona relacionada con la actividad de bandas armadas o actuaciones terroristas o rebeldes en el momento en que el auto de procesamiento sea firme y se haya decretado (y materializado) el ingreso en prisión provisional.

En su enmienda, Junts apela a la Constitución española para reclamar que se anule la supresión de un derecho civil, de la misma manera que también recuerda que el apartado 572 del informe de la Comisión de Venecia de 13 de marzo de 2017 ya anunció que la suspensión de cargos electos afecta a un derecho civil, amparado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, requiriendo «una mayor cautela en la implementación que cualquier acción tendiente a suspender un cargo electo, acción que siempre deberá llevarse a cabo mediante un proceso con todas las garantías, de conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».

En cuanto a la enmienda que afecta al artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Junts apela al argumento de que el principio de presunción de inocencia debe reforzarse ante supuestos que limitan el ejercicio de derechos políticos, y aún más si cabe cuando estamos ante representantes electos, puesto que las cámaras legislativas son depositarias directas de la soberanía nacional.

Junts ya prepara el acto de presentación de la candidatura europea de Puigdemont, con la amnistía como motor de lanzamiento, y pese a que sobre el proceso político sobrevuela la decisión del Supremo de abrir causa penal por delito de terrorismo al ex presidente de la Generalitat y al eurodiputado y diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por los hechos investigados en el caso «Tsunami Democrático».

El objetivo el blindar todavía más el futuro político del expresidente fugado de la Justicia

Los magistrados del TS concluyeron que sobre los dos aforados es necesario que «sean llamados al procedimiento a fin de ser oídos, investigados con todos los derechos y garantías previstas en el ordenamiento jurídico».

Desde Junts apuntan a finales de abril para un gran acto de proclamación de su líder en Francia, ya que todavía no será efectiva la ley de amnistía. Estos comicios serán el primer pulso electoral de Junts a ERC, y también al PSC, antes de las catalanas.

Por cierto, dentro del paquete de enmiendas «colado» en el decreto ómnibus está también la modificación del funcionamiento de las conferencias sectoriales, que el partido de Pedro Sánchez había comprometido con el PNV.

El Gobierno sacó adelante el decreto ómnibus por un solo voto de distancia sobre el «no» y después de que Junts no votara ni a favor ni en contra, en un cambio de decisión de última hora que fue la primera evidencia de la fuerza de los siete escaños de Puigdemont para colocar contra las cuerdas al PSOE si no cede a sus exigencias.

El decreto ómnibus recoge cuestiones en materia de Justicia, función pública y el mecenazgo, y era necesario para desbloquear otros 10.000 millones correspondientes al cuarto desembolso de los fondos europeos para seguir avanzando en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.