¿Qué es el lawfare y en qué consiste?

La carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez ha vuelto a poner sobre la mesa el manido tema del "lawfare" o judicialización de la política. La denuncia del sindicato Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, por posible tráfico de influencias ha desatado una nuevo ataque a los jueces. Pero, ¿qué significa y en qué consiste el lawfare?

La palabra "lawfare" procede de los vocablos anglosajones "law" (ley) y "warfare" (guerra), y podría traducirse como acoso judicial o guerra judicial. "Se utiliza por el independentismo para referirse al uso de la justicia como una herramienta para provocar el repudio popular contra un oponente político", señala Jorge Ortiz Ramírez, counsel de Derecho Público y Regulatorio del despacho Ceca Magán, que recuerda que "actualmente la usa constantemente Donald Trump para arremeter contra las numerosas investigaciones judiciales que le cercan".

Este término se generalizó durante la primera década del siglo XXI y figura en el diccionario de lengua inglesa de Oxford como "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo". Un claro ejemplo de ello fue su utilización por parte de Carles Puigdemont en el texto que acordó con PSOE, pero ¿se puede aplicar al sistema judicial español?

El "lawfare", según los expertos

"No tiene ningún sentido acusar al poder judicial de arbitrar una especie de guerra" contra alguien, señala el experto, que recuerda que el artículo 117.1 de la Constitución dispone que los jueces y magistrados integrantes del poder judicial son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley".

Tampoco es realista utilizarlo en el marco de Europa. En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se invoca como uno de los valores en los que se fundamenta la Unión el respeto al Estado de derecho- "Esto implica el respeto por el principio de separación de poderes, que es requisito previo para la protección de todos los demás valores fundamentales de la Unión" y recuerda que la tutela judicial efectiva requiere de la independencia, calidad y eficiencia de los sistemas judiciales nacionales.

Según Ortiz, "hay que recordar que, en virtud del principio de primacía y efecto directo del Derecho Comunitario, el Tribunal Constitucional tiene el deber de interpretar la Constitución atendiendo igualmente al Tratado de la Unión Europea (TUE) y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Consecuencias políticas

El uso de este término, "lawfare", tiene sus implicaciones. A nivel político, "supone aceptar que el Estado utiliza el Poder Judicial no para hacer justicia y hacer cumplir las normas jurídicas vigentes, sino para erosionar a un adversario político, haciendo un mal uso de la Justicia por un interés político, lo que es completamente inaceptable, cuando se han cometido delitos contra el orden constitucional". El objetivo es que ahora estos hechos se "olviden" con la aprobación de la medida de gracia a través de una Ley Orgánica.

¿Y a nivel jurídico, qué efectos tiene? "Carece de toda cobertura jurídica, ni en el Derecho Español ni en el Derecho de la Unión Europea", declara el abogado. Si en la realidad se dieran situaciones de "lawfare", nos encontraríamos en un escenario alejado de la democracia.

"Estaríamos en un supuesto de arbitrariedad de los poderes públicos, prohibido en el artículo 9.3 de nuestra Constitución, cuando en realidad, con la propuesta de ley de amnistía lo que se pretende es vulnerar principios constitucionales como la separación de poderes, igualdad, legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, entre otros", opina el especialista.