Manos Limpias ha presentado una querella en los juzgados de Madrid por tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación, cohecho y fraude de subvenciones contra Begoña Gómez y Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, por el rescate de Air Europa. La denuncia ha trascendido después que la Audiencia de Madrid haya insistido al juez Juan Carlos Peinado –que investiga a la esposa de Pedro Sánchez– en que mantenga al margen de la instrucción las ayudas públicas a la compañía aérea, instándole a abrir una pieza separada si aprecia indicios delictivos que lo justifiquen.

En la querella, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el colectivo de funcionarios alude a «reuniones secretas» en las oficinas de Globalia entre Begoña Gómez e Hidalgo entre junio y julio de 2020 mientras el Gobierno «estaba aprobando el mecanismo de rescate» de la compañía, de 475 millones de euros, que fue finalmente concedido en noviembre de ese mismo año. Unos encuentros que, denuncia, no fueron comunicados oficialmente, «lo que contraviene los principios de transparencia y publicidad exigibles en la actuación de familiares directos de altos cargos públicos».

Según Manos Limpias, como la tramitación del rescate –dentro del plan de ayudas del Gobierno a empresas en crisis durante la pandemia– "no avanzaba" Hidalgo telefoneó a la esposa del presidente del Gobierno «solicitando su intervención para acelerar y desbloquear la concesión de la ayuda pública» a Air Europa, según ha puesto de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recalca. Algo que «constituye un indicio claro de la búsqueda de influencias por canales no oficiales y de tráfico de influencias», pone de relieve.

Una "cadena de influencias"

Y recuerda que cinco días después de esa llamada, el 8 de septiembre de 2020, Pedro Sánchez escribió a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes –según ha puesto de relieve El Mundo– indicándole la necesidad de «dar una vuelta» al rescate de la compañía. «Esta intervención personal y directa del presidente -señala el colectivo denunciante-, "temporalmente vinculada a la llamada recibida por su esposa, evidencia una cadena de influencias que culminó en la concesión acelerada e incrementada del rescate» (Air Europa percibió 40 millones más de los 435 inicialmente solicitados).

Manos Limpias solicita que se cite a declarar como investigados tanto a Begoña Gómez como a Hidalgo y que testifiquen José Luis Ábalos, el comisionista de la «trama Koldo» Víctor de Aldama y la exvicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, además de los funcionarios que tramitaron el expediente de rescate en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta es, precisamente, una de las líneas de investigación del juez Peinado a las que ha puesto coto la Audiencia de Madrid, que ha tumbado su petición de documentación a la SEPI sobre el rescate.

Las diligencias solicitadas incluyen también la petición a los ministerios de Transportes y Economía de «todos los expedientes, informes y comunicaciones» relacionados con la concesión de la ayuda.

En esa misma línea, ve necesario pedir a las operadoras de telefonía los registros de llamadas y comunicaciones entre Hidalgo, Begoña Gómez, Pedro Sánchez, Ábalos y Aldama entre junio y noviembre del año 2020.

También quiere que la UCO remita los informes elaborados en relación al rescate y a la posible participación de Begoña Gómez en el mismo, así como los wasaps entre Pedro Sánchez y Ábalos vinculados a este mismo asunto.

De igual modo, Manos Limpias insta a solicitar a Globalia «todos los correos electrónicos, llamadas y comunicaciones mantenidas con Begoña Gómez», el Africa Center y miembros del Gobierno relacionadas con el rescate, y que se requiera al Instituto de Empresa, que fichó a la mujer del presidente para dirigir el Africa Center, todos los contratos y comunicaciones intercambiadas con Globalia, Air Europa o Wakalua. Y es que –recuerda– el Africa Center, con Gómez como directora, firmó en enero de 2020 un contrato con Air Europa por valor de 40.000 euros anuales que incluía 15.000 euros en vuelos de primera clase, un contrato que "no fue sometido a los procedimientos de transparencia y publicidad exigibles" y en el que aprecia "un claro conflicto de intereses" dado que se firmó "apenas diez meses antes de la concesión del rescate".

Asimismo, recuerda que Wakalua, plataforma de innovación turística de Globalia, participó en acuerdos con el Africa Center "convirtiéndose en el mayor auspiciador de dicho centro" y utilizando el organismo que presidía la esposa de Sánchez "como pantalla para encubrir el verdadero carácter de las contraprestaciones".