Conflicto

Reacción en el CGPJ ante el "linchamiento" de la querella de Sumar: "Es un intento de aniquilación personal y moral"

El vocal José María Macías alerta a la Comisión Europea de una "campaña de desacreditación" contra los vocales que se oponen a la amnistía

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías ha trasladado a las instituciones europeas -en defensa de los consejeros contra los que se ha querellado Sumar por su oposición a la ley de amnistía- su preocupación por el "intento de aniquilación personal y moral" que, denuncia, supone la querella contra el presidente de la institución y los nueve vocales que respaldaron la declaración institucional contra la amnistía. En un comunicado remitido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de Justicia, Didier Reynders; a los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo; y a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia, Dalia Vasariene, el vocal responsable del área de Relaciones Internacionales del Consejo -uno de los vocales contra los que se ha querellado la formación que lidera Yolanda Díaz- afirma que el objetivo de la denuncia penal es "que se nos persiga como criminales" por haber dado su opinión en contra de la ley de amnistía.

Una iniciativa del "partido político dirigido por la actual vicepresidenta del Gobierno" que, en su opinión, se enmarca en una "campaña de desacreditación y linchamiento personal para impedir el ejercicio de nuestra función constitucional para la protección de la independencia de los tribunales".

Tras instar a las instituciones europeas a adoptar "las medidas que considere posibles", Macías hace hincapié en que a los vocales señalados les preocupa "el extraordinario desprestigio para el Estado de derecho en España y la desprotección que ello puede suponer para el ejercicio independiente de la labor de los sus jueces y tribunales".

El comunicado defiende que la opinión del CGPJ se emitió con ocasión de los acuerdos adoptados entre partidos políticos para conseguir el apoyo parlamentario necesario para la investidura de Pedro Sánchez, "que incluyen la tramitación de una ley para procurar la impunidad por la comisión de determinados delitos y el anuncio de constitución de comisiones parlamentarias para que los partidos políticos puedan investigar a jueces" por supuesto "lawfare" (la utilización de la Justicia con fines políticos que denuncian los independentistas y que PSOE y Junts incluyeron en su acuerdo de investidura).

Declaración institucional contra la amnistía

Macías es uno de los nueve vocales del CGPJ que apoyaron la declaración institucional del órgano de gobierno de los jueces contra la amnistía -que también respaldaron Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad, Ángeles Carmona y Wenceslao Olea- y a la que se opusieron cinco vocales del sector progresista. Sumar también se ha querellado contra Guilarte, que votó en blanco, a quien considera cooperador necesario por permitir que el Pleno extraordinario se celebrase en su condición de presidente en funciones.

El pasado día 10, este mismo vocal, en su calidad de responsable del área internacional del CGPJ, ya trasladó a la Comisión Europea y a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia, Dalia Vasariene, tanto la declaración institucional contra la amnistía como el acuerdo en el que la Comisión Permanente denunciase la "injerencia en la independencia judicial" que implica el acuerdo entre PSOE y Carles Puigdemont decisivo para hacer presidente a Pedro Sánchez.

En esa misiva, el Consejo advertía de que el pacto incluye la posibilidad de "investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes", lo que en su opinión certifica "la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes".

Macías ya alertaba entonces de la existencia de "graves episodios de ataque al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España".