Recta final en la consulta promovida por Puigdemont

Carles Puigdemont, que preside el Consell de la República junto a diez personas de su máxima confianza, conocerá en breve el resultado de la consulta promovida hace menos de una semana y en un ambiente de contestación interna inédito hasta este verano. Las bases del Consejo votan hasta las 18:00 horas de hoy si el expresidente de la Generalitat y los partidos independentistas deben «bloquear» la investidura del próximo presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La pregunta, impulsada por uno de los afiliados del Consejo que logró el 1% de los avales, se ha sometido a votación entre los días 17 y 23 de octubre, con derecho a voto para todos los inscritos en el organismo.

«¿El Consejo de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?», era la pregunta para los afiliados. El resultado se hará público este martes. Y hasta el 2 de noviembre estará abierto el plazo para alegaciones.

Qué impacto tendrá su resultado sobre Puigdemont es una incógnita, puesto que él negocia en nombre de Junts aunque forme parte del ente parainstiucional que montó desde Bélgica. Y qué resultado saldrá es otra de los misterios: antes del 23-J, un sector de la asamblea de representantes

–ahora en proceso de reforma– intentó que el Consejo llamara a la abstención y fracasó.

Y también antes de las pasadas elecciones generales, el Consejo de la República ya hizo un llamamiento a los partidos independentistas a «bloquear» la investidura, un posicionamiento que, a diferencia de ahora, sí estuvo impulsado por el propio Govern del Consejo

Ayer, el expresidente de la Generalitat reiteró que la independencia política de Cataluña es la «única manera de continuar existiendo como nación». En una publicación en la red social X, adjuntóun punto de su conferencia del 5 de septiembre en Bruselas (Bélgica) «por si alguien ha perdido este fragmento». En ese corte, Puigdemont afirma que «Cataluña es una nación, una vieja nación europea, que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714».

Fue en julio cuando el expresidente se mostró abierto al diálogo dejando a un lado a los sectores más radicales del independentismo y marcó su posición sobre las negociaciones con el PSOE. Reivindicó el 1-O pero desligó la consulta de la amnistía.

Ese viraje se concretó en el apoyo de Junts al nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Pero los díscolos del Consell per la República han criticado además la disolución de la Asamblea con la excusa de una reforma de calado para «lograr la independencia». Un total de 31 miembros de esta Asamblea (25,6%) de los 121 representantes, lanzaron un duro comunicado en el que acusaban al Consell de Govern de la República de «autoritarismo de corte bonapartista».

El 1% de los 103.000 afiliados al Consell –se pretendía un millón– pidió una consulta interna para definir su papel en el escenario político español. Un papel que los críticos quieren que sea de forzar nuevas elecciones.

En la consulta se ha querido condicionar el papel de Puigdemont, pero desde el Consell se encargaron de decir que no es vinculante. Además, las negociaciones las llevan los partidos y no el Consell de la República. Sin embargo, el resultado de la votación puede ser el detonante para que se configure una nueva candidatura independentista en las próximas autonómicas alrededor de Dolors Feliu y Clara Ponsatí. Feliu, presidenta de la ANC, puso en evidencia sus diferencias con la vía pactista de Junts que seguía la senda marcada por ERC hace cinco años. «O independencia, o elecciones», dijo Feliu que siempre ha defendido la formación de un «cuarto espacio» que lidere al independentismo desencantado por las políticas de Junts, ERC y la CUP. Hasta Ponsatí, eurodiputada de Junts y exmiembro del Govern de Puigdemont, abrió las hostilidades.

La presión del díscolo continuará con una nueva consulta que preguntará «¿Crees que el Consell debe proponer y promover que la Ley de Amnistía debe incluir un calendario para realizar un referéndum?», también con el objetivo de mostrar su malestar con las negociaciones con el PSOE y por un posible acuerdo que deje el referéndum en una comisión de estudio, igual que el pacto sobre la Mesa de Diálogo que impulsó ERC.

Puigdemont está haciendo caso omiso de estos movimientos pero es consciente que los riesgos son enormes porque los más radicales del independentismo son los que dominan la calle y las redes sociales. Si Junts llega a un acuerdo será elevada al altar de los «botiflers» (traidores) y el riesgo de declive electoral se podría acentuar. Por eso, Puigdemont y los suyos no quieren filtraciones para no debilitar su posición y dar argumentos a los radicales. Quieren cerrar un pacto, o no, para explicar el contenido final y evitar el desgaste. Esta situación de inestabilidad es lo que ha llevado a Junts a enfriar expectativas de acuerdo y postergarlo hasta noviembre.