El PP rehúye al TC por Conde-Pumpido: «Es el Negreira de la política»

La mañana del jueves 12 de enero del año 2023, el Boletín Oficial del Estado se hacía eco del nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Fecha que marcó un punto de inflexión para el Partido Popular. Desde entonces, ha optado por cambiar su estrategia jurídica.

Salvo cuestiones ineludibles, como la amnistía, ha reducido drásticamente los recursos que presenta en la corte de garantías. La principal razón: la desconfianza hacia su máximo responsable y la composición de los magistrados, con una mayoría progresista que cuenta entre sus miembros hasta con un ministro que fue de Justicia en un gabinete de Pedro Sánchez.

No han sido pocos los momentos en los que la dirección nacional de Génova se ha visto tentada con acudir al Constitucional por decisiones del Gobierno o del Congreso de los Diputados que ha considerado que podían ser contrarias a la Carta Magna, pero finalmente, ante el riesgo de encajar sentencias adversas, lo ha rehuido. Incluso en su día, con la medida de gracia para los responsables del «procés», el equipo jurídico del principal partido de la oposición esperó hasta el final.

Ahora, sucede que la Mesa de la Cámara Baja, controlada por PSOE y Sumar, tiene en un arpón más de treinta leyes que el grupo popular ha aprobado en el Senado y que se deberían continuar con su trámite legislativo. Pero no hay manera.

Por eso, el PP estudia pedir amparo al TC. Aunque pueden las reticencias por el miedo a que no sirva de nada. En esta legislatura, denuncian fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo, «el árbitro está comprado». Es más, a Conde-Pumpido le han encontrado apodo: «Es el Negreira de la política».

La «confianza», aseguran, está rota porque se ha convertido en un «juez de parte». Por eso, el PP no se decide a dar un paso al frente contra una de las actuaciones que más recriminan a Armengol.

La tesis es que la presidenta socialista ha recibido órdenes de Moncloa para paralizar las iniciativas populares por el temor a que puedan salir adelante con el respaldo de los socios del mal llamado bloque de investidura.

Algunas de las proposiciones de ley que no llegan al Hemiciclo y están pendientes del debate de enmiendas a la totalidad, recibieron en el Senado el apoyo de grupos como Junts o PNV. «Una vulneración a los derechos de los parlamentarios», denuncian en la bancada popular. «Es un elemento que hemos comentado muchas veces, hay iniciativas nuestras que no se votan y que ganaríamos si nos dejaran llevarlas al Pleno». Una anomalía que, en condiciones normales, ya estaría en el TC.

El Plan de regeneración democrática

Como avanzó LA RAZÓN y confirmó el pasado lunes Feijóo, uno de los ejes sobre los que pivotará la estrategia del nuevo curso político será un plan de regeneración democrática. El documento, que comanda la vicesecretaria Cuca Gamarra con un equipo de juristas, contendrá medidas para dotar de una mayor independencia al Constitucional.

El objetivo último, sintetizan en la cúpula, es «proteger a la Constitución Española de un presidente como Pedro Sánchez». También se está estudiando proponer medidas que pongan coto a algunas disfunciones de la vida parlamentaria española, como la relación entre el Senado y el Congreso, que han salido a la luz durante este mandato.

Pero el papel del Constitucional ocupará un lugar importante, porque el PP, de un tiempo hasta ahora, se ha visto desarmado frente a Sánchez. Es más, existe dentro de la formación un debate sobre la idoneidad de priorizar la vía judicial en el Supremo, con la Sala de lo Contencioso-Administrativo.