El entramado de mercantiles y depósitos en el extranjero con el que operaba Madeira Invest Club (MIC) es, a opinión de expertos en estafas consultados por LA RAZÓN, el mayor que recuerdan.

Este «chiringuito financiero» –como lo calificó la CNMV– fue del que salió el dinero en efectivo que el Tribunal Supremo investiga si utilizó Alvise para financiar ilegalmente su campaña de las europeas.

La estructura financiera de MIC se concreta en 20 personas físicas, de las que muchas ejercían de testaferros, al menos 50 de carácter jurídico y más de 100 cuentas bancarias en hasta seis países (EE UU, República Dominicana, Estonia, Lituania, nuestro país y el vecino Portugal), tal y como ha certificado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Detrás de lo que se vendía como un novedoso sistema de inversión que ofrecía altas rentabilidades hay un clan familiar perfectamente organizado, como han advertido los investigadores en informes a los que tenido acceso LA RAZÓN.

Son los Romillo y sus parejas. Álvaro era la cabeza visible y la cara principal de MIC con el pseudónimo de «Luis CryptoSpain». Junto a él, aunque en la sombra y al frente de las cuentas y sociedades, están Domingo Romillo, el padre de Álvaro, y su hermano, Juan Carlos, tío del empresario.

Este círculo lo completa la pareja de Domingo, Gabriela Llana Echin; la de Álvaro, Mihaela Montenao, y la hija de esta, Alexandra Manolita. Es la cúpula que se habría apropiado de más de 150 millones de euros de cientos de antiguos inversores.

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional en torno a la millonaria estafa a sus antiguos clientes está en una fase incipiente. El despacho Zaballos Abogados, que encabezan Emilia Zaballos y Francisco Jiménez, es el que representa al grueso de las supuestas víctimas y el que más ha impulsado la causa.

Fueron los que localizaron una wallet con 1.800.000 euros, lo que permitió su bloqueo por el juez José Luis Calama. El instructor también ordenó la congelación de 29 millones que hallaron en una cuenta en Singapur, titulada por una mercantil registrada en Hong Kong.

Las actuaciones policiales, en este punto, persiguen dar con el paradero de los 120 millones de euros que se sabe que salieron de la cuenta matriz que MIC tenía en Portugal.

Desde Zaballos apuntan a este diario que la inminente respuesta de las comisiones rogatorias enviadas a los mencionados países pueden arrojar luz sobre dónde está ese enorme montante, que los afectados quieren recuperar para verse compensados por la presunta estafa que sufrieron.

Tanto el magistrado Calama como la UCO hablan ya de un «organización criminal» que gastó menos del 5% de los 138 millones que esperan recuperar, por lo que las obras en las que aseguraban que invertían el dinero de los que se lo confiaban nunca fueron una realidad.

Los restaurantes sí existieron, pero de un hotel vinculado al MIC no hay rastro, como tampoco de muchos de los coches de lujo que tenían en un concesionario –tres están en busca y captura tras sustraerlos colaboradores de Romillo–.

O, de igual forma, un supuesto parquin VIP con 112 plazas en la zona del Santiago Bernabéu que luego eran 10 en una calle cercana. La mayoría del beneficio que reinvertían iba para promocionar el club de inversión con eventos por todo el país.

El rastro de cómo desviaban el dinero ha sido ya descubierto por los agentes. A su cuenta principal vinculada a una sociedad portuguesa (Sabroso LDA) llegaban continuamente las aportaciones de los clientes en transferencias de 1.000 a 5.000 euros.

Luego, cuando los fondos alcanzaban la cifra de 40 millones de euros, cosa que ocurría cada dos semanas, hacían tres transferencias de 400.000 mil euros a cuentas de distintos países. Con lo que periódicamente se llevaban a otros bancos extranjeros un millón y medio de euros.

Desde Zaballos no descartan reclamar al Juzgado Central de Instrucción número 6 que abra pieza separada para indagar en la responsabilidad de las entidades financieras en que este movimiento de grandes sumas se permitiese durante años sin que a nadie le saltase las alarmas.

Lo tienen claro: no se ha cumplido con los mínimos controles de prevención del blanqueo y el fraude. Por ello, si es necesario, buscarán que los bancos paguen su parte de responsabilidad civil por haber permitido la operativa de MIC.