Sánchez abre la campaña en su semana crítica

Las votaciones en el Congreso evidencian su debilidad pero serán la coartada si hay adelanto electoral

Pedro Sánchez protagonizó ayer su primer acto de partido como presidente del Gobierno. Enmarcado en la conmemoración de sus 100 días al frente del Ejecutivo, el secretario general del PSOE defendió la solvencia de su Gabinete y aseguró que su llegada al poder no solo no fue un «accidente», como aseguran algunos, sino que sentará las bases para un proyecto de futuro hasta el año 2030. Pero esa «transformación» a largo plazo pasa por un escenario mucho más inmediato, que supone acudir a las urnas para obtener la confianza de los españoles directamente con su voto y no a través de una moción de censura. El presidente valora ya el adelanto electoral y, tal como avanzó ayer este diario, ya ha encargado encuestas para testar el clima más propicio para su convocatoria. Entre tanto, Sánchez tendrá que hacer malabares para poner en marcha sus políticas como cartel electoral –ayer anunció un plan de choque contra el desempleo juvenil– y, al mismo tiempo, explotar el discurso victimista de la falta de estabilidad y de apoyos parlamentarios para forzar la disolución de las Cortes.

Uno de los factores tendentes a desestabilizar al Gobierno y la escena política en general es Cataluña. En el calendario del «otoño caliente» que han pautado los partidos independentistas, el martes es una de las fechas marcadas en rojo. La celebración de la Diada se conceptúa este año como una prueba de resistencia en el pulso sostenido al Estado. Casi a la misma hora en la que en las calles de Barcelona se pedirá, bajo el lema «Fem la Republica», hacer efectivo el mandato del 1 de octubre, Sánchez se someterá al control del Senado con Cataluña como principal arma de desgaste por parte de la oposición. A preguntas del PP deberá, en concreto, valorar las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, exigiendo un referéndum de autodeterminación y su permanente desafío a los tribunales animando a la desobediencia si la sentencia a los líderes del proceso soberanista no es conforme a sus intereses. El mismo martes, pero en el Congreso, el diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, defenderá una moción sobre la forma en la que el Gobierno piensa sustanciar el diálogo anunciado con el Govern de la Generalitat y sobre sus prioridades de acción de gobierno para Cataluña.

La presión sobre el Ejecutivo no decaerá el miércoles, cuando en la Cámara baja se celebre la primera sesión de control al Gobierno de este nuevo curso político. Será, también, el primer «cara a cara» entre Sánchez y Pablo Casado. El nuevo líder del PP se estrenará con una pregunta bastante abierta (¿Cómo valora la situación política y económica de España?) para tomar la medida al presidente, aunque no cabe duda de que en su turno de réplica utilizará lo acontecido durante la Diada para atacar al Ejecutivo. No será el único, Albert Rivera le interpelará por los planes de Moncloa para garantizar el cumplimiento de la Constitución y asegurar el respeto de los derechos civiles en Cataluña y el PNV y Gabriel Rufián (ERC) recriminarán el envío de más dotaciones de agentes a esta comunidad para garantizar el orden público.

Así como Cataluña será uno de los principales mecanismos de desgaste al Ejecutivo, su debilidad parlamentaria también dejará patente la situación de inferioridad numérica en la que se encuentra en el Parlamento. Esta semana, se someterán al Pleno para su convalidación dos de los decretos ley más polémicos que el Gobierno ha aprobado hasta ahora en Consejo de Ministros. En primer lugar, el real decreto ley para la exhumación de los restos de Francisco Franco. Tanto PP como Ciudadanos ya han asegurado que no votarán a favor y, aunque se prevé su aprobación con matices, otros partidos de la oposición también mostrarán su oposición –por ejemplo– a la renuncia del Gobierno a la «resignificación» del Valle de los Caídos. También se llevará al Congreso para su convalidación el decreto ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. A punto de expirar el plazo para su aprobación, lo que en un principio podría parecer una buena iniciativa, ante la lacra que suponen los asesinatos machista, también ha despertado críticas y suspicacias entre la oposición que ven –incluso– «inconstitucional» el texto y estudian recurrirlo ante el TC.