Sánchez "vuela" el pacto constitucional

«Revisión encubierta del pacto constitucional». La conclusión sale de la dirección del PSOE de Castilla-La Mancha, donde Emiliano García-Page se ha erigido en la única voz con mando que expone en público los argumentos que se escuchan en privado en otras federaciones socialistas. Pedro Sánchez ha llegado en su pacto con Carles Puigdemont mucho más lejos de lo que se pensaban en su partido, e incluso, aunque tenga la intención de «engañarle», como sugieren algunos voceros de Moncloa y se teme el expresidente catalán, el daño es ya «irreversible». En el pacto con Puigdemont, pendiente de responder ante la Justicia española, Sánchez claudica en el hito de la amnistía total, pero también abre la puerta a la autodeterminación y acepta un verificador internacional, como si España fuera un país que necesita de observadores extranjeros que garanticen la calidad del sistema democrático ante quien ha huido a otro país para no responder ante su sistema judicial.

Moncloa apretó ayer para mantener en vigor la ley del silencio dentro del PSOE, pero los tres acuerdos esenciales sobre los que se sostiene el pacto condicionado de Puigdemont –amnistía, soberanía fiscal y trabajar por la consulta de autodeterminación– dejan indefensos a los dirigentes territoriales, ya despojados mayoritariamente del poder en las últimas elecciones autonómicas y municipales, para responder a las acusaciones de la oposición. Los documentos que recogen cómo ha ido evolucionando la negociación entre las dos partes confirman esa cesión total de los socialistas sobre sus planteamientos iniciales.

En el primer borrador no había verificador ni se aceptaba la amnistía que hoy recoge el acuerdo firmado, y que incluye hasta el reconocimiento del «law fare», que es tanto como que el partido en el gobierno valide la campaña soberanista contra la Justicia con la acusación de que actúa por supuestos motivos políticos. En medios judiciales, la primera valoración que hacían ayer del acuerdo es que supone «un golpe constitucional» que pretende dar lugar a un nuevo Estado confederal en el que se reconocen los objetivos políticos y económicos del secesionismo.

El PP tiene convocada una gran concentración este domingo en Madrid, y lo que se avecina es una legislatura de fuerte crisis institucional, de confrontación social y de sometimiento del nuevo Gobierno a la agenda de Puigdemont. Moncloa ha tenido que ceder en todo para sacar adelante la investidura, y aunque el líder soberanista todavía tendrá que superar obstáculos judiciales antes de confirmar que puede volver a España rehabilitado en virtud de su pacto con el PSOE, ni siquiera en la puesta en escena el equipo negociador de Sánchez ha sido capaz de imponerle un cierto miramiento en las formas para que no exhibiera de manera tan obscena lo que entiende como un triunfo del soberanismo que ejecutó el golpe del «procés» sobre el Estado de derecho.

«Chantaje indefinido»

Junts y ERC coinciden en que el acuerdo se sostiene en el principio de que, si no se desarrollan las exigencias secesionistas, la legislatura quedará disuelta, por lo que «el chantaje es indefinido, durará lo que aguante Sánchez en el poder», según describían gráficamente anoche en el entorno de Page.

Para contrarrestar, Moncloa intentó ya desde ayer dirigir sus satélites hacia la narración de que la amnistía supone «la derrota» de Puigdemont, cuando en realidad el expresidente ni renuncia a la unilateralidad ni tampoco acepta rectificar en ninguna de sus decisiones principales y logra todas sus aspiraciones.

Así, al tiempo que tendrá que gestionar una mayoría inestable, sometida a la voracidad de seguir avanzando en el reconocimiento nacional de Cataluña y País Vasco, el líder socialista también tendrá enfrente a un PP que lleva meses preparando lo que anuncian como una amplia ofensiva institucional, judicial, europea y social para combatir los pactos de Sánchez con sus socios.

Desplegarán iniciativas en todos los ámbitos, y si bien en el Parlamento español no tienen mucho más desarrollo que el de retrasar la aprobación de la ley de amnistía, por ejemplo, el Partido Popular también ha inspeccionado ya el terreno europeo y jugará sus cartas directamente y a través del Partido Popular Europeo (PPE), con una referencia clara en la mesa de trabajo al artículo siete del tratado comunitario, el cual desarrolla que el incumplimiento del mismo puede llegar a conllevar que se corte la recepción de los fondos europeos.

El argumento que usarán los populares es que la amnistía cubre a personas señaladas por delitos de corrupción (malversación) y presunto terrorismo, según el juez García Castellón, y que rompe, además, el principio de igualdad de los españoles. Una vez que la semana que viene se cumplimente la investidura de Sánchez en primera votación, según lo previsible, la política española entrará en un terreno que es desconocido hasta ahora, a pesar de que ya haya conocido tiempos de fragmentación y polarización.

El choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial será «demoledor» a partir de ahora, con el daño colateral que esto supone para las instituciones españolas y su prestigio. No habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la vía del acuerdo con los populares, y tampoco hay margen para que se llegue a acuerdos autonómicos en los órganos designados para esa negociación, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El futuro de Puigdemont y de los líderes independentistas decidirá y marcará, por completo, la agenda del Gobierno y del Congreso de los Diputados.