El Senado recurre a un edicto para que el socio de Cerdán comparezca

El Partido Popular señala al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque no esté siendo posible localizar a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, para que comparezca en el Senado. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, anunció el pasado viernes 20 de junio la propuesta del Grupo Popular para que compareciese este próximo martes en la comisión de investigación sobre el «caso Delorme» y sus ramificaciones. Antxon Alonso es administrador de la empresa Servinabar, que recibió numerosos contratos de obra pública, según prueba el informe de la UCO.

Desde entonces, conforme a la denuncia del PP, el Senado ha intentado localizarle por diferentes vías «sin ningún éxito». «Esperamos que no se deba a que el Departamento de Marlaska, el ministro que quiere purgar a la UCO para que no se investigue al Gobierno, esté jugando al despiste para no localizarlo. No es la primera vez que el Ministerio del Interior no acierta con la localización de los comparecientes. Precisamente con los que están más implicados o más pueden contar sobre la corrupción del sanchismo», aseguran los populares en un mensaje que difundieron ayer.

El PP recuerda que, en su última comparecencia en esa comisión, el ministro Marlaska aseguró que colaboraría con la localización de los comparecientes. «Una mentira más del Gobierno, que busca constantemente boicotear esta comisión, como se demuestra con la incapacidad para encontrar a los citados o en la negación de numerosa documentación».

En su mensaje, el PP incluso llega a sostener que espera que «el Gobierno, el PSOE o cualquier persona del entorno de Sánchez, tampoco haya avisado a Antxon Alonso de que esa citación le iba a llegar a su casa y que debía seguir la estrategia del presidente: bunkerizarse en su vivienda y no abrir la puerta». La respuesta del PP a esta situación ha sido la de citarle mediante un edicto, una fórmula que ya utilizó en el caso de Javier Hidalgo y Patricia Úriz.

Con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, fue la primera vez que se utilizó en democracia este instrumento del edicto penal, que consiste en la notificación mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado –al no ser posible comunicarse con él ni en su domicilio habitual ni tampoco por teléfono.

En este caso, si Antxon Alonso no acudiese a la comisión estaría cometiendo un delito recogido en el artículo 502 del Código Penal, que establece que «los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales» serán «castigados como reos del delito de desobediencia».

Cerdán firmó un contrato con Alonso por el que se comprometía a pagar 6.000 euros por el 45% de la empresa navarra clave de la trama. La UCO entregó al Tribunal Supremo el documento intervenido en casa del empresario Alongo Egurrola que así lo prueba. La firma se formalizó el 1 de junio de 2016. El socio de Cerdán «limpió» Servinabar antes de que llegara la UCO para proceder a su registro.