"Son las 30 monedas de plata": la principal asociación de jueces, contra el "indigno" acuerdo con Justicia

La única de las siete asociaciones de jueces y fiscales que se ha desmarcado del acuerdo con Justicia sobre mejora salarial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha reprochado al resto de agrupaciones que hayan "capitulado" ante el Gobierno asumiendo un acuerdo que califica de "nefasto"

En un comunicado remitido a sus asociados para explicar los motivos de su negativa -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, no ahorra calificativos a la propuesta finalmente aceptada por el resto de asociaciones, que tacha de "insuficiente, indigno e inaceptable" y que, según asegura, "va a lastrar durante muchos años "la capacidad económica de los jueces y magistrados de este país".

La APM recuerda que en 2022 desde el Ministerio de Justicia se trasladó a las asociaciones de jueces que el Ministerio de Hacienda "no quería tratar ninguna subida salarial de empleados públicos fuera de la subida que, con carácter general y en tres años, había pactado con los sindicados para toda la función pública".

Pero posteriormente, con motivo de la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) "asistimos a una realidad muy distinta" -recalca- al constatar que Justicia había avalado una subida de entre un 10 y un 15% para los letrados judiciales, lo que les llevó a anunciar "medidas de conflicto".

No hubo motivación política

La asociación mayoritaria de jueces critica que por parte de alguna asociación -la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)- se esgrimiera como uno de los motivos de desconvocar la huelga indefinida (prevista en principio desde el pasado día 16 pero aplazada después para el 22 a la espera de una una nueva oferta que Justicia mantuvo sin embargo congelada) evitar "el riesgo evidente de que pueda utilizarse políticamente" por la proximidad del 28-M.

"Si la motivación de otras asociaciones para convocar la huelga o para no hacerlo fue política, tendrán que explicarlo -asegura en el comunicado- desde luego, no fueron las razones que llevaron a la Asociación Profesional de la Magistratura a convocar una huelga indefinida".

Según afirma, ante la oferta a la baja del Gobierno (que apenas alcanza una subida del 7% frente al 22% en que cifra la APM la pérdida de poder adquisitivo de la carrera) su posición fue "conseguir al menos un 13 o 14% de subida lineal". Pero afirma que tras rebajar las pretensiones a un 9% de incremento la AJFV (67 millones frente a los 46,7 que ofertaba Justicia y a los 74 que reclamaba la propia APM) "cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo digno se había esfumado" ante "la ruptura de la unidad de acción".

De igual modo, recuerda que tras haber conseguido el ministerio que dirige Pilar Llop aplazar la huelga para presentar una nueva propuesta en la reunión del pasado día 16, "nos presentó la misma oferta económica, de 46,7 millones de euros, que representa una subida lineal del 6,5%".

"Renuncia a recuperar la pérdida de poder adquisitivo"

"No ha habido voluntad alguna por parte del Ministerio de Justicia de elevar esa cantidad y ahora, ante la prisa por cerrar un acuerdo con los jueces" para afrontar la huelga de los sindicatos de funcionarios "nos plantean la firma para el martes, sin esperar siquiera a que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de, en su caso, el visto bueno a la propuesta".

"El cierre de este acuerdo supone la renuncia a recuperar la pérdida de poder adquisitivo que hemos padecido durante todos estos años, que ya no podremos reclamar ni a este Gobierno ni a los sucesivos", lamenta la asociación que preside la magistrada María Jesús del Barco.

La APM cifra la subida real en una horquilla entre 252 y 289 euros (que en todo caso no se incorporarán en su totalidad a las nóminas hasta julio del próximo año). Que incluso reduce a 210 euros en algunos casos por la subida de tramo en las retenciones del IRPF. "Estos 210 euros son las 30 monedas de plata", lamenta.

La asociación mayoritaria afirma que no son ellos los que asumen "la misma subida que los LAJ, porque si la subida es idéntica en la cuantía, en definitiva, nuestra subida lineal es inferior a la suya y ello nos sitúa en una situación económica peor".

"No podemos firmar un acuerdo porque nos sintamos obligados o presionados a hacerlo; defender la independencia de los jueces y magistrados de este país supone también atender y reclamar su independencia económica", concluye el comunicado interno de la APM.