El Supremo convoca el jueves a Ábalos y Koldo para decidir si los envía a prisión

El Tribunal Supremo convoca a José Luis Ábalos y a Koldo García el próximo jueves para que comparezcan a fin de resolver sobre su entrada en prisión provisional, tras la modificación de las medidas cautelares solicitada por Anticorrupción y las acusaciones populares unificadas.

El instructor del "caso Koldo" ha citado así a los dos para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al efecto de resolver sobre si procede su entrada en la cárcel de manera preventiva (comunicada y sin fianza), después de que así lo solicitase acusación popular, liderada por el PP, en su escrito de acusación.

Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por sus defensas a la cita en el alto tribunal. El aún diputado está llamada a las 10:00 horas y su antiguo hombre confianza a partir de las 11:00 horas.

En su escrito de acusación, la Fiscalía había solicitado al juez que se convocase esta vistilla para resolver si mantiene en libertad o no al exministro socialista y al que fuera su mano derecha en Transportes, en relación al presunto cobro de comisiones ilegales en la adquisición de mascarillas por parte del Gobierno y otras administraciones durante la Covid.

De momento, ambos tienen ya retirado su pasaporte, mantienen la prohibición de salir de España y deben comparecer quincenalmente ante el juzgado.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha reclamado ya para Ábalos una pena de 24 años de cárcel y, en el caso de su asesor, que sea sentenciado a 19 años y medio de prisión. La acción popular, por su parte, eleva la petición de condena hasta los 30 años de prisión para uno y otro.

Como ya informó LA RAZÓN, el exministro y Koldo se encuentran a la espera de que el Supremo señale fecha para celebrar el primer juicio de la macrocausa (este será por los contratos públicos de las mascarillas) y en su entorno ya temen que la semana que viene acaben entre rejas. Pese a que en las anteriores ocasiones, el magistrado Leopoldo Puente desechó esta posibilidad.

En su auto del pasado 15 de octubre (con el que les procesó), el magistrado advirtió que conforme se aproximase el momento en que se sienten en el banquillo de los acusados podría "adoptar medidas cautelares más gravosas".

Hay que recordar que el Ministerio Público pidió al magistrado Puente que sean juzgados también por un delito de uso de información privilegiada, además de los que ya se les investigaba de organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho. Por el quinto ilícito insta a imponerles multas superiores a los 3,7 millones de euros.