Las doce comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que juntas aglutinan al 70 % de la población española, han enviado una carta formal a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para exigir su inclusión en el comité que investiga el colapso eléctrico que dejó sin suministro a millones de ciudadanos el pasado 28 de abril. Denuncian que el Gobierno las ha dejado fuera y reclaman transparencia y participación directa en el esclarecimiento de uno de los mayores apagones de la historia reciente.

Las comunidades firmantes -Andalucía, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Murcia, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias y La Rioja- denuncian que no han recibido ningún contacto por parte del Gobierno desde que se produjo el apagón masivo. Aseguran que solo han podido conocer los avances de la investigación a través de ruedas de prensa o informaciones publicadas en los medios de comunicación. “Estamos asistiendo a un apagón informativo. Exigimos conocer de primera mano el desarrollo de las investigaciones”, manifiestan en el escrito conjunto.

"Falta de transparencia"

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha criticado con dureza la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusa de “falta de transparencia” en la gestión del suceso, que califica como “uno de los episodios más degradantes de la historia reciente de Europa”. “El Gobierno, hasta ahora, solo ha demostrado seguir la estrategia de blindarse a sí mismo. La pregunta es: ¿hasta dónde están dispuestos a manipular y construir otra verdad? No lo vamos a consentir”, advierte Martín.

Las comunidades autónomas subrayan que su petición de formar parte del comité de investigación es “oportuna y coherente”, y recuerdan que las relaciones entre administraciones deben regirse por los principios de colaboración y cooperación institucional. En este sentido, han ofrecido al Ministerio de Transición Ecológica los conocimientos técnicos de sus especialistas, además de su compromiso para contribuir “de manera activa, diligente y con la colaboración debida” a evitar que se repita un fallo eléctrico de tal magnitud.

El apagón del 28 de abril dejó sin suministro eléctrico a múltiples zonas del país, afectando gravemente a infraestructuras esenciales, redes de telecomunicaciones y servicios básicos. Un mes después, la falta de explicaciones claras ha incrementado el malestar entre las administraciones autonómicas, que reclaman transparencia y participación directa en la resolución del incidente.