El TJUE puede frenar los planes de Carles Puigdemont de repetir como eurodiputado

Hay un obstáculo de enorme calado en el camino de Carles Puigdemont a la amnistía y que también puede truncar sus planes de repetir como eurodiputado. Se trata de las cuestiones prejudiciales que pueden plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) los jueces que tengan dudas sobre si esta ley es compatible con el Derecho europeo. Estas «consultas» pueden retrasar la aplicación de la futura ley y, por tanto, evitar que el expresidente de la Generalitat, si resulta reelegido, pueda cumplir con un requisito fundamental para acceder a su acta: volver a España a jurar la Constitución.

Actualmente, Puigdemont es eurodiputado después de que, en diciembre de 2019, el presidente del Parlamento Europeo, el socialista David Sassoli, le permitiera a él y a Toni Comín acceder como diputados de pleno derecho. En noviembre de 2022, el abogado de la Eurocámara admitió que esta decisión se adoptó «probablemente de forma ilegal». Poco antes, la Junta Electoral Central les había informado que Puigdemont no había cumplido con el acatamiento que se exige por ley y, como consecuencia, su escaño debía quedar «vacante temporalmente» y sus derechos y prerrogativas suspendidos. Pero la actual presidenta Roberta Metsola no ha adoptado aún tal decisión.

La amnistía no es de aplicación automática y el procedimiento tampoco se puede realizar de un día para otro ni para todos los casos. Es imprescindible la intervención de un juez. Es bastante habitual que los magistrados se encuentran, en los procedimientos que llevan a diario, con leyes, algunas vigentes desde hace años, que generan dudas sobre su interpretación en determinados casos, o bien, que pueden contravenir el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. En estos supuestos, cuentan con la cuestión prejudicial. Cuando un magistrado pregunta al TJUE sobre cómo se debe interpretar una norma de acuerdo con el Derecho europeo, hay un efecto suspensivo inmediato. Es decir, la causa permanece tal como está, incluidas las medidas cautelares que se hayan ordenado hasta ese momento.

Aquí reside el principal escollo con el que se encontrarán los posibles amnistiados del secesionismo, también el expresidente de la Generalitat, a la hora de beneficiarse de la medida de gracia que se tramita en el Congreso de los Diputados, según confirman fuentes jurídicas a este periódico. Por mucho que en la última reformulación de la proposición de ley se haya evitado hacer mención al Código Penal español o se aluda a las directivas europeas, esto es inevitable: si hay cuestión prejudicial, el procedimiento se detiene.

El problema es el calendario. Tal como sostuvo el secretario general de Junts, Jordi Turull, tras celebrar el acuerdo para las enmiendas, Puigdemont suena como principal baza para encabezar la lista para las próximas elecciones europeas, que se celebrarán el 9 de junio. Turull aventuró que si se le amnistía y todo sale según lo acordado, podría regresar a España en torno al mes de julio.

Precisamente, los meses de junio y julio son claves si se confirman los planes de Puigdemont para repetir como eurodiputado. Según explican fuentes del Parlamento Europeo, en torno a esa fecha el líder independentista tendría que volver a España para jurar la Constitución, una obligación que establece la Ley Electoral española para acceder al acta de eurodiputado. Pero si se retrasa todo por las actuaciones que inicien los jueces, el escenario se puede torcer para los líderes del independentismo que contaban con una norma aprobada, en vigor y aplicándose en los tribunales antes del verano. Quienes hayan cometido delitos vinculados al «procés» tendrán que esperar para beneficiarse de ella.

De ahí que el Gobierno y sus socios hayan intentado blindar la ley al máximo frente a las posibles actuaciones que desarrollen los tribunales en el marco de las funciones jurisdiccionales que les reconoce la Constitución y la ley. Una de las iniciativas que recoge el texto legal con la que se pretendía una aplicación ágil y rápida fue el alzamiento de las medidas cautelares y la finalización de las penas por delitos del «procés» si se presenta una cuestión o un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Es un precepto «insólito e inconstitucional en sí mismo», según describe una jurista. Sin embargo, no incluye este tipo de restricciones sobre las cuestiones prejudiciales. «Es una ley a la carta, pero algo así habría sido el acabose», destacó. En definitiva, los tiempos juegan en contra de la candidatura europea de Puigdemont si hay una cuestión prejudicial.