Tribunales
La UCO pone el foco en el Ministerio de Puente al acudir dos veces en una semana por el caso Koldo
Los agentes han acudido al menos cuatro veces en el último año a por documental sobre las mascarillas y las supuestas adjudicaciones amañadas
El caso Koldo lleva a la Guardia Civil al Ministerio de Transportes. Desde que arrancaron estas diligencias en la Audiencia Nacional en septiembre de 2023 la UCO ha acudido al menos cuatro veces para requerir material relacionado con esta presunta trama de corrupción; la última este jueves, cuando volvieron al ente que dirige Óscar Puente, para recabar documental sobre el presunto amaño de obra pública.
Los agentes se trasladaron este jueves a la sede del Ministerio y también de Adif en busca de material vinculado con las adjudicaciones que están bajo sospecha. En paralelo, practicaron sendos registros en el domicilio de la expresidenta del ente, Isabel Pardo de Vera, y del que fuera director General de Carreteras, Javier Herrero. La diligencia se ordenó a tenor de los "consistentes indicios" recogidos contra ellos en el último informe de la UCO.
En cuanto al Ministerio de Transportes, se trata de la segunda visita de los investigadores en una semana. Hace ahora siete días, el magistrado del caso, Leopoldo Puente, ordenó una serie de actuaciones simultáneas en diferentes entes, entre los que se encontraba, igualmente, el Ministerio de Transportes. En ese caso, se solicitó expresamente al departamento que dirige Óscar Puente que permitiera el acceso de los agentes para el acceso y grabado de cualquier cuenta corporativaa nombre de Ábalos.
Los requerimientos a Transportes
En idéntico sentido, el magistrado requirió tanto a Transportes como a Adif y a la Dirección General de Carreteras, los expedientes de adjudicación de las obras que aparecen identificadas en el último oficio policial "a los efectos de profundizar en el modo en el que dichas adjudicaciones tuvieron lugar". El magistrado les dio un plazo de quince días incidiendo en que deben incluirse la totalidad de informes, dictámenes y observaciones que conserven sobre las obras señaladas por la Guardia Civil.
Con todo, no es la única vez que los agentes han acudido a Transportes. A finales de agosto del año pasado, cuando el procedimiento todavía estaba bajo el dominio de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno ordenó a los agentes que acudieran a la sede del Ministerio a por el informe de auditoría sobre las mascarillas. En aquel momento la UCO se incautó de este material y de un USB que les entregó personalmente Belén Villar, directora general de Organización e Inspección del Ministerio.
Tres meses antes, en mayo de 2024, el magistrado Moreno ordenó al Ministerio que permitiera el acceso a la UCO para copiar el contenido de todos los buzones de correo entre el día 1 de enero de 2020 y 1 de julio de ese año; periodo temporal en el que se licitaron y adjudicaron los contratos de mascarillas que dieron inicio a esta causa. En concreto, el juez ordenó el volcado de las comunicaciones corporativas del que fuera subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, y del exdirector general de Organización e Inspección del Ministerio, Javier Sánchez Fuentefría.
Pardo y Herrero, al borde de la imputación por los amaños
"Se comisiona a los agentes de la Guardia Civil como unidad encargada de la presente investigación para el diligenciado del mandamiento (...). Todos los prestadores están obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la práctica de la medida, la asistencia y colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de los autos en los que se acuerden dichas medidas, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia", advirtió entonces el juez.
Además de los requerimientos al Ministerio de Transportes, los agentes acudieron también a los domicilios de Pardo de Vera y de Herrero. La actuación se produce días después de que el magistrado del Tribunal Supremo expusiera en un auto que existen "consistentes indicios" contra ambos de que pudieron ayudar a Koldo García, entonces asesor del ministro Ábalos, para que las "indebidas adjudicaciones" llegaran a buen término.
El magistrado determinó que, a raíz de las escuchas interceptadas por los agentes, se ha tenido conocimiento que Pardo de Vera y Herrero facilitaron "de manera inmediata" la información que obraba en los expedientes de la obra en cuestión "siguiendo las directrices del ministro". El instructor les dejó esta forma al borde de la imputación, pero derivó el asunto a la Audiencia Nacional al considerar que en todo caso no serían protagonistas directos de los hechos, sino que sus conductas resultarían "instrumentales o accesorias a la finalidad esencial".
Con todo, el auto del juez y los registros de este jueves les dejan al borde de la imputación. En el caso de Pardo de Vera cabe recordar que ya está investigada en esta causa por la contratación en dos empresas públicas de Jesica Rodríguez, quien fuera pareja de José Luis Ábalos. De hecho, Moreno le emplazó a comparecer por estos hechos el martes 1 de julio, pero hace apenas dos días suspendió la declaración. El movimiento se entiende como una previsible imputación también por los amaños de las obras, de manera que se buscaría volverle a citar de nuevo tras esta nueva imputación para que solo tenga que comparecer una vez.
"Se aprueban 14 obras y no podemos quedar mal"
En lo que respecta a Herrero, declaró como testigo en sede judicial. Su nombre comenzó a sonar en la causa después de que Víctor de Aldama, en comisionista confeso, entregó unos documentos de la Dirección General de Carreteras que dirigía entonces Herrero y que contendrían indicaciones sobre los supuestos amaños. El exdirectivo negó irregularidad alguna aunque la aparición de los nuevos mensajes que incluye el último oficio policial le dejan al borde de la imputación.
En la misma se destaca a color la propuesta de Obras Públicas y Regadíos y de Acciona. "Nos dan en toda la cara. Esto de hoy nos ha jod*** un poco", le dice el asesor de Ábalos. La UCO entienden que de la conversación se infiere que dicha licitación debiera haber sido adjudicada a Acciona.
En otro audio grabado por el propio Koldo, de abril de 2019, éste le trasladó a su antiguo jefe todo lo relativo al reparto de obras entre las mercantiles "amigas". "Mira, lo de ADIF, es el día 26, se aprueban 14 obras ¿vale? 14 presupuestos (...) Que me comenta Isabel, estas 5 hay que dárselas o…, Acciona, Sacyr, Ferrovial, son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal ¿vale?", reza la conversación que grabó Koldo.