La verdad ausente

Cuando un país atraviesa una crisis, no solo enfrenta los desafíos inmediatos, también pone a prueba su capacidad para manejar la información, los hechos y, en definitiva, la verdad. El apagón no ha sido solo un problema técnico (o no técnico, porque realmente no sabemos mucho…); ha sido una muestra extraordinariamente desinhibida de cómo el Gobierno utiliza la información en todo momento, incluso en circunstancias de extrema dificultad.

Más allá de las causas del colapso eléctrico, que deben ser conocidas de un extremo a otro y sin tardanza, el lunes, y desde el lunes hasta Dios sabe cuándo, se ha puesto en marcha una estrategia que ha usado la información como un bien político, una herramienta con la que intentar doñear la realidad, en lugar de usarla como un medio para comprenderla y rendir cuentas.

El apagón sumió a millones de personas en la oscuridad y desbordó la confianza de un país que esperaba, y aún hoy sigue esperando, respuestas claras y certezas, no balbuceos ni argumentarios. En lugar de eso, en vez de proporcionar explicaciones detalladas y asumir responsabilidades, el Gobierno eligió un largo e inaudito silencio que rápidamente se ha llenado de imprecisiones. Red Eléctrica, la empresa encargada de supervisar el sistema, no ha ofrecido información relevante sobre las causas. En su lugar, el Ejecutivo ha optado por señalar, sin pruebas claras, a los operadores privados –metiendo dentro de esta categoría a la propia Red Eléctrica, controlada por el Estado– como los responsables, al tiempo que ponía en marcha, con sincronización matemática, un despliegue de argumentos falaces y de plastilina que han llegado al extremo absurdo de afirmar que aquellas larguísimas horas de apagón hasta nos vinieron bien y que, poco menos, tendríamos que estarle agradecidos al Gobierno.

No es difícil entender la tentación de los gobiernos de ocultar sus fallos. El poder, en su naturaleza más básica y pedestre, como la que este Ejecutivo exhibe, se exige a sí mismo la permanencia; vive obsesionado por ella. Fruto de esa obsesión, esta deriva del control, manipulación e incluso estrangulamiento de la realidad, los hechos y la información. El Gobierno obvia de manera deliberada y contumaz que la verdad –que es una y no sometida a asamblearismos– no es solo un valor moral; en democracia, la verdad es también un bien político y, cuando se distorsiona para proteger intereses particulares, se daña la confianza pública, que es un principio esencial de una democracia sana.

Se ha puesto en marcha una estrategia que ha usado la información como un bien político

Ha sido una dinámica constante del presidente del Gobierno: la información se ha vuelto una extensión del poder, más que un derecho de los ciudadanos, erosionando el sustrato mismo de la democracia. Porque vivir en una sociedad democrática implica, entre otras cosas, confiar en que las autoridades nos ofrecerán, al menos, una representación fiel de la realidad. Si el poder ha decidido que la información es solo un medio para evitar el desgaste político, no solo se está distorsionando un hecho puntual; se está socavando la base sobre la que se construye la legitimidad del sistema. Porque, ¿qué queda de una democracia cuando la relación entre gobernantes y gobernados se basa en hechos manipulados y retorcidos?

Es aquí donde la crisis del apagón toca un nervio mucho más profundo. La forma en que se ha gestionado la información durante este incidente no ha sido solo una lección de mala comunicación; ha sido una demostración de cómo entienden en Moncloa la relación entre el poder y la verdad. El apagón ha mostrado cómo la manipulación y la propaganda no son un simple defecto del sistema o la embestida de partes que quieren acabar con el sistema, sino una estrategia refinada desde el Gobierno –corazón del sistema institucional español– para debilitar todo lo que haya a su alrededor y alterar el funcionamiento mismo de la sociedad. El lunes, y desde el lunes, el poder decidió que la verdad no es prioritaria, que es un bien para administrar en función de una estrategia de imagen. Lo vimos con el apagón y lo veremos en lo venidero.

Porque es el santo y seña de ese espacio político, otrora partido, que hoy es el PSOE de Pedro Sánchez y, por extensión, su Gobierno: no aceptan que la verdad no es un lujo ni un privilegio otorgado desde el poder. En democracia, es el cimiento sobre el que se construyen las decisiones comunes. Y si no podemos confiar en lo que nos dice el propio Gobierno, ¿cómo podemos esperar que sus decisiones sean correctas? Si el poder de Sánchez se ha adueñado de la información y la ha manipulado, la democracia ha perdido su capacidad para funcionar de manera justa.

La verdad ha sido la protagonista invisible de cada declaración ambigua, de cada silencio planificado, de cada relato tejido para salvar al poder. Mientras el Gobierno insista en administrar la información y la verdad como si fuera propiedad privada, lo que se oscurece no es solo un país por unas horas, sino la confianza y la posibilidad misma de convivir bajo un mismo pacto democrático. Porque una sociedad que normaliza la ausencia de la verdad termina viviendo en una mentira institucionalizada. Y eso, más que un apagón, es una renuncia.