Vox lanza una campaña para poner freno a los empadronamientos ilegales

Vox ha lanzado la campaña "stop empadronamientos ilegales" con la que busca implementar su combate contra los empadronamientos ilegales donde advierten de los fraudes que se están cometiendo en numerosos ayuntamientos de España, una situación a la que contribuyen las mafias organizadas que llegan a percibir dinero para resolver el papeleo y así dar paso a las subvenciones. "El problema de la inmigración ilegal no se soluciona violando las normas", denuncian.

En una jornada informativa organizada por el partido, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha explicado cómo desde el partido que lidera Santiago Abascal se busca combatir esos empadronamientos ilegales que, alertó, "favorecen el efecto llamad y con ello la lacra de una inmigración ilegal que genera la inseguridad, la precariedad y el abuso de los servicios públicos" que llegan al colapso, además de percibir ayudas públicas. También ha advertido de que esto trae consigo un "efecto llamada" que daña la "seguridad y la convivencia en España" y favorece las "organizaciones criminales que se lucra con el tráfico de seres humanos".

Fúster aseguró que Vox va a luchar para combatirlos y así contribuir a una España "fuerte y de municipios fuertes" con la capacidad de "elegir quién viene a vivir con nosotros". "El mundo sabe que España ahora es una nación débil, y ese es el mayor potenciador del efecto llamada".

Para ello ha reunido a cuatro responsables de Vox en el área municipal para explicar esta problemática. Fulgencio Coll, portavoz de Vox en el ayuntamiento de Palma, hizo un análisis de los riesgos del empadronamiento irregular. Insistió en que "solo queda Vox" y ha criticado el "efecto llamada" que, de la misma manera, dijo, "produce abusos". Coll afirmó que hay un abuso y que se están produciendo esos empadronamientos "fraudulentos" y que desde el consistorio, han presentado mociones para que se actúe y se controlen las mafias que hay detrás y que cobran desde 350 hasta 3.500 euros el empadronamiento ilegal. Además, se han registrado pisos de 70 metros en los que había hasta 34 personas empadronadas que "adquieren derechos que no les corresponden", denunció. De esta manera tratan de poner el foco a una corrupción "que trae una inseguridad jurídica e inseguridad en las calles", apuntó.

5.000 euros por empadronamiento

Los inmigrantes ilegales llegan a pagar esas cantidades porque es el camino que les lleva a lograr las ayuda sociales. El portavoz de Vox en Talavera de la Reina, David Moreno, ha advertido de que se organizan a través de "bandas criminales" que captan a esos inmigrantes ilegales tras las entradas masivas. Ha apuntado cómo, en determinados ayuntamientos, ven más "facilidades", como es el caso del de Talavera de la Reina donde "se saldó con ocho detenidos", además cinco magrebíes que formaban la trama organizada que enlazaba esa gestión y por la que llegaron a cobrar hasta 5.000 euros por empadronamiento llegando a registrar a un total de 289 inmigrantes ilegales que empadronaron en tres domicilios. Además, ha indicado Moreno que tiempo atrás, la Policía Nacional había intentado hacer averiguaciones en el ayuntamiento pero no había tenido colaboración, entonces, por parte del consistorio. "Requisaron información, documentación e incluso dinero" siendo Talavera de la Reina solo un ejemplo de los casos que se están dando ya que son numerosos los que se producen con el mismo modus operandi.

Para ello, Vox ha impulsado una serie de medidas correctoras para evitar que estas situaciones se vuelvan a producir. "Es un problema no solo de Talavera sino de muchos ayuntamientos que sufren esas consecuencias de las mafias autorizadas donde, tras el empadronamiento, ahí comienza todo: el acceso a las ayudas y la cartilla sanitaria", denuncia el portavoz de Vox del ayuntamiento.

En Cartagena, con un enorme problema de inmigración masiva, el concejal de Vox, Gonzalo López, indicó que son el "paradigma de lo que es la inmigración descontrolada" que considera "bastante premeditada". Habló de los CETIS por donde han pasado más de 2.000 personas de la zona sur de África "sin tener conocimiento el ayuntamiento de quiénes están" ya que lo gestiona una ONG "con el colapso que lleva de servicios públicos" donde "expulsan por exceso de ocupación al vecindario". Sobre el empadronamiento indicó que "da puerta de entrada a todos los beneficios sociales que con un objetivo de culminación" se mostró seguro de que PP y PSOE se unirán para darles la residencia, denuncia. "Nos hemos acercado a las oficinas del padrón para conocer cómo se detecta el fraude" y, ha apuntado que "no hay herramientas" más que ver gente "que se acerca con carpetas". Para ello, han impulsado un sistema de empadronamiento con alertas que son capaces de introducir digitalmente con el fin de poder cruzar los metros que tiene una vivienda con el número de personas que ya hay empadronadas y así, que no pase lo de encontrar a 34 personas empadronadas en un mismo piso o, zonas rústicas, donde la ley solo permite que se empadrone una persona. Y, si esa alerta suma una serie de puntos, se manda a la Policía y así se evitan esos empadronamientos fraudulentos.

La primera teniente alcalde y concejal de Turismo de Níjar, Pilar Fenoy, explicó cómo se han denegado más de 450 peticiones de alta del padrón por informaciones falsificadas sobre el domicilio, desde que están en el ayuntamiento. La cercanía al Estrecho supone la continua llegada de pateras y ha explicado que tienen "muchos problemas" por la inmigración ilegal y los asentamientos chabolistas. "Queremos erradicar esos asentamientos", de un pueblo turístico que da con ello una "imagen deplorable". Sobre los empadronamientos, apuntó que se solicitan en la oficina del padrón y ahora, es la Policía Municipal quien va a comprobar a los domicilios que se cumplen con los requisitos.