Alcoa, una patata caliente en el tejado del Gobierno central

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha vuelto a pronunciarse hoy. Y lo ha hecho después de que ayer, en el Congreso, tanto el PP como el BNG pidiesen que el grupo público SEPI entre en el accionariado de la multinacional, de forma temporal e instrumental, con el objetivo de buscar luego un operador industrial fiable que garantice la continuidad de la actividad.

Un futuro que permanece en el aire desde hace tiempo, más aún desde que a principios de año la compañía justificase otro retraso en el arranque de las cubas de San Cibrao (Lugo) en “pérdidas sustanciales” planteadas para este ejercicio.

Desde entonces, se han sucedido las reuniones y las informaciones ante una situación que, desde el comité, entienden ahora que está en el tejado del Gobierno central. “Tiene la obligación de salvar” la fábrica, por lo que cree que ahora la pelota está en su tejado tras esa iniciativa aprobada ayer en el Congreso con los votos a favor de PP y BNG en la que se insta al Ejecutivo de Sánchez a tomar medidas para garantizar la continuidad de la producción del aluminio en San Cibrao, incluida la intervención pública de Alcoa.

“Nos parece muy importante que se cumplan las palabras dadas durante la campaña electoral. No todo es vendernos motos. Hay que cumplir”, subraya el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en declaraciones a EFE.

El comité ha recibido con satisfacción el hecho de que Partido Popular y BNG votasen a favor de una proposición no de ley en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para impulsar la intervención pública del complejo industrial mariñano e insiste en que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno.

En este marco, Zan considera “muy importante”, realmente “reseñable”, que dos partidos como el BNG y el PP se hayan puesto “de acuerdo” para sacar adelante esta iniciativa, dado que el comité considera que la intervención pública de la fábrica es la decisión que puede garantizar el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo en la comarca.

Desde su punto de vista, el “Gobierno tiene muchos deberes por delante”, porque “tiene la obligación de salvar esta fábrica”. “Queda bajo su responsabilidad lo que pueda pasar a partir de ahora, por no apoyar esta iniciativa”, ha concluido.