El BNG exige al Gobierno cumplir el compromiso de una AP-9 “pública, gallega y gratuita”

Nuevo curso político en Galicia y viejas reivindicaciones. Como la de la AP-9, una Autopista del Atlántico que atraviesa la Comunidad de norte a sur y de la que, de modo directo o indirecto, no ha dejado de hablarse prácticamente nunca desde que se adjudicase en 1973 con 39 años de concesión que, ya antes de su entrada en funcionamiento, fue prorrogada por un año.

Hoy, lo que originariamente tenía que ser una autopista amortizada en 2012, cuenta con una concesión investigada por Europa y que se alarga hasta agosto de 2048 tras tres prórrogas distintas. Situación que ha ido minando la moral de los gallegos y, también, de los partidos políticos, que cerraban el curso, antes del verano, llevando al Congreso de los Diputados una nueva petición para poner fin a los peajes.

La respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, no se hizo esperar, cifrando en 6.000 millones el rescate de la AP-9. Ello pese a que la liberación de peajes fue una promesa electoral del candidato socialista y actual secretario del PSdeG, José Manuel Gómez Besteiro, en las autonómicas de febrero de este año.

En este marco, el BNG, socio de Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, no ha dudado hoy en retomar el tema cargando contra el Ejecutivo central al tiempo que exige ya una AP-9 “pública, gallega y gratuita”. “El Gobierno tiene la oportunidad y debe hacerlo”, afirmado el diputado nacionalista Néstor Rego.

Este objetivo, añade, está más cerca de materializarse “si el Gobierno del Estado deja de ser cómplice de la empresa privada y renuncia a defender la legalidad de la concesión ante el expediente abierto por la Comisión Europea sobre la nulidad de la prórroga”.

Mientras no se logra ese objetivo, Rego urge a aplicar lo antes posible el incremento de las bonificaciones establecidas en el acuerdo de investidura alcanzado entre el Gobierno central y el BNG, así como implantarlas en la AP-53, algo que, más de un año después, sigue sin aplicarse en ninguna de las dos vías.

“No es de recibo que los gallegos y gallegas continúen pagando una autopista ya amortizada, más, cuando la mayoría de las de su generación ya son libres de peajes después de 40 años de concesión”, ha denunciado el diputado del BNG en el Congreso.

En este sentido, y ante la disposición de la Comisión Europea de dialogar y negociar una solución para evitar la judicialización del caso, el BNG entiende este momento como “una oportunidad para que el Gobierno del Estado y, en el concreto, el Ministerio de Transportes procedan a la rescisión del contrato con la actual concesionaria y poner fin a décadas de sobrecoste.

“Estafa legalizada”

La posición del diputado nacionalista al respecto es clara: “El BNG sigue reclamando el final de la concesión para que esta sea una vía de gestión gallega y poner fin a los abusivos peajes de esta infraestructura”.

El Gobierno, en opinión de Rego, “debe reflexionar” sobre las consecuencias de forzar el camino de la judicialización de este proceso y el coste para las arcas del Estado. “El Gobierno debe dejar de ser cómplice de esta estafa legalizada de una empresa privada que hace caja a cuenta de los gallegos y de las gallegas”, añade.

“No puede, el Gobierno, seguir defendiendo la legalidad de una decisión que considera injusta. Incluso cuando la propia Unión Europea insiste en que la resolución de prorrogar la concesión se adoptó para valorizar la autopista de cara a su privatización y que no cabe aplicar la excepción que defiende el Gobierno español” evidencia.

Al hilo de esta cuestión, el BNG alude al proceso judicial que llevó a la anulación en Italia de la ampliación de la concesión de la autopista A-I2 Livorno-Civitavecchia por no haber sacado a concurso público las obras de ampliación que prorrogó la explotación por parte de una empresa durante 18 años más.

Rego advierte de que “la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo fue clara en este caso: anuló la prórroga”.