Crean en Galicia una plataforma para que se repare y compense a políticos absueltos por corrupción

Los exalcaldes y el exconcejal de Nigrán (Pontevedra) Alfredo Rodríguez Millares, Avelino Fernández Alonso y Antonio Fernández Comesaña fueron acusados en su día de amañar la adjudicación del contrato de recogida de basura y limpieza a cambio de 'mordidas'. Todos fueron absueltos en el año 2023 por la Audiencia Provincial de Pontevedra al no apreciarse la comisión de los delitos de prevaricación o cohecho. Sentencia absolutoria confirmada por el Tribunal Supremo este mismo mes de mayo de 2024.

Hoy se encuentran los impulsores de la ‘Plataforma de Políticos Absueltos en presuntos casos de corrupción’ creada en Galicia con el objetivo de exigir reparación y compensación por los procesos judiciales que tuvieron que afrontar.

Para ello, han remitido un escrito al Congreso de los Diputados para solicitar la creación de una Comisión de Estudio que analice la posibilidad de cambios legales en el código Penal, algo para lo que también han enviado el escrito al Ministerio de Justicia.

En un comunicado, la plataforma detalla que pese a que “en la última década se han generado múltiples casos de corrupción en todos los niveles de la administración”, una “cantidad considerable" de imputados han sido absueltos, “tras padecer años de proceso y la consiguiente difusión pública de informaciones de presunta corrupción”.

Estos casos, sostienen, inciden en la “honorabilidad y afectan considerablemente al entorno social” del acusado, causando, por tanto, “un daño innegable, irreparable, personal y profesional”.

Critican que este “perjuicio actualmente solo se compensa con la asunción indirecta” que prevé el ordenamiento jurídico y que contempla una indemnización a través de la figura de la responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal “y sin que exista posibilidad práctica de que los acusadores asuman algún tipo de responsabilidad por sus falsedades, judicialmente probadas”.

Para frenar esta situación, solicitan al Congreso “que se estudien medidas correctivas y sancionadoras para los responsables de una acusación archivada, o con sentencia absolutoria, en un proceso rápido”

Estiman que “para evitar que sus autores queden impunes” debe promoverse “como mínimo, una sanción pecuniaria, y modificando, en su caso, el tipo delictivo de la denuncia falsa, haciéndolo más duro y asequible procesalmente”.

Por otro lado, reclaman la creación de un fondo Estatal de Protección de las víctimas de acusaciones de corrupción con el objetivo de regular un sistema claro de indemnizaciones al afectado.